El defensor General, Javier Esquivel, remitió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la conclusión de una auditoría hecha al defensor público Gustavo Daniel Nunes Velloso Tenace, quien habría solicitado a una denunciante la suma de G. 3.000.000 para apelar la medida cautelar dispuesta por el juzgado, a petición del mismo defensor. La intención es que el órgano extrapoder realice una investigación y, de ser necesario, inicie el enjuiciamiento del citado defensor.
La auditoría de reacción inmediata fue practicada a la Unidad de Defensoría de la defensora de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de Fernando de la Mora, Alba Mariela Giménez Vera, quien denunció a su colega que estuvo a cargo de la unidad.
Por su parte, la usuaria denunciante reconoció haber acordado con el defensor la entrega mensual de sumas de dinero, en concepto de financiamiento del monto que le solicitó el profesional, a los efectos de la referida apelación, además agregó que llegó a ejecutar algunos pagos, pese a que los servicios prestados por la institución son gratuitos.
El hecho relevante fue que Nunes «ordenó» la guarda de una niña afectada a su hermana, quien en ese entonces no se encontraba en condiciones de recibirla y que incluso luego tomó la decisión de suicidarse. En la denuncia también consta que el defensor público habría solicitado «masajes» a una usuaria del servicio, o beneficiaria de una guarda con su intervención.
