Reprograman juicio después de las internas para esposo de candidata a intendenta

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En una sugestiva decisión, el  Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrados por los magistrados Jorge Giménez Samaniego, Hugo Ríos y María Francisca Rivas, reprogramó para el 15 de julio, un nuevo intento de inicio del juicio oral y público para Humberto Antonio Lizza, exadministrador de la municipalidad de Caapucú y esposo de la actual candidata a la intendencia municipal de dicha ciudad por el Partido Liberal Auténtico (PLRA), Felisa Amarilla, interna a realizarse el 20 de junio. La causa es por producción de documentos no auténticos.

El mencionado juicio debía de iniciarse ya el 19 de febrero pasado, sin embargo tuvo que suspenderse, ya que la fiscal Gladys Teresita Paredes solicitó la suspensión por síntomas de covid. Siendo esta la primera suspensión.

El 21 de marzo pasado nuevamente se hizo el intento de iniciar el mencionado juicio contra el ex administrador de la municipalidad de Caapucú, sin embargo nuevamente fue suspendido, ya que cinco días antes, el 16 de marzo, el  acusado Humberto Antonio Lizza revocó la representación de su abogado Julio  Rodríguez y tres días después contrató los servicios de Roberto Nuzzarello, quien en ese momento se encontraba aislado también por covid.

Posteriormente, el presidente del Tribunal de Sentencia Jorge Giménez se tomó vacaciones y volvió la semana pasada y en conjunto  con los otros dos miembros, reprogramaron el mencionado juicio luego de las internas partidarias, lo que llama la atención, ya que la esposa del acusado se presenta como candidata a la titularidad municipal.

Lizza será juzgado por producción de documentos no auténticos, hecho que data desde el 2015, cuando fue denunciado por el comerciante Benjamín Adorno Torales, cuyas facturas legales supuestamente fueron utilizadas por el acusado en la rendición de cuentas en la mencionada comuna.

Adorno había manifestado que nunca trabajó para Lizza, tampoco cobró dinero alguno por parte de la municipalidad, como figura en el balance presentado por el ahora acusado. Al menos 100 millones de guaraníes sería el perjuicio.