El Juzgado Penal de Garantías del Cuarto Turno de la Circunscripción Judicial del Guairá resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Juan Ignacio Marcilio, representante legal de la empresa Dyn Ingeniería S.A., filial en Paraguay de la firma canadiense Bitfarms, por el hecho punible de contaminación del aire, en su modalidad de polución sonora, en el marco del expediente penal N° 5361/2024.
La decisión judicial, contenida en el A.I. Nº 261 de fecha 04 de julio del 2025, fue notificada este lunes 08 a las partes involucradas. La resolución fue dictada por el juez penal interino Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, quien resolvió calificar la conducta del acusado en base al art. 198 del Código Penal, en concordancia con la Ley Nº 6390/2020 sobre regulación de ruidos y la Ordenanza Municipal Nº 81/2005 que previene la contaminación acústica.
El caso surgió a partir de denuncias vecinales sobre el impacto sonoro y ambiental de una planta de minería de criptomonedas ubicada en el barrio Santa Lucía de esta ciudad, a escasos metros de viviendas familiares. Los afectados, entre ellos padres de niños con trastorno del espectro autista y adultos con secuelas psiquiátricas, atribuyen a la planta niveles extremos de ruido continuo durante varios meses, generados por procesadores, extractores y sistemas de ventilación de la granja.
La planta, que funciona con más de 16.000 procesadores, pertenece a Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de Bitfarms, empresa que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York. Datos oficiales de la ANDE confirman que solo esta instalación consumió más de 201 millones de kilovatios hora (kWh) entre julio y diciembre del año 2024, equivalente al consumo anual de más de 47.000 hogares.
La resolución del juez descarta múltiples incidentes promovidos por la defensa del acusado, representada por los abogados Eduardo Casartelli y Enrique Duarte, entre ellos el criterio de oportunidad, que buscaba evitar la prosecución penal, la suspensión condicional del procedimiento, figura prevista en casos de menor gravedad y la exclusión probatoria de elementos recabados durante la etapa investigativa.
Sin embargo, sí hizo lugar a la exclusión de ciertos informes técnicos y declaraciones testificales solicitadas por el Ministerio Público, al no cumplir con requisitos procesales. Asimismo, admitió todas las pruebas presentadas por ambas partes y ordenó la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia, intimando a la fiscal del caso, María Jadiyi Ortiz, al acusado y a sus defensores para que se constituyan ante dicho tribunal en el plazo de cinco días.
Esta decisión marca un precedente relevante en materia de justicia ambiental y regulación de actividades de alto impacto tecnológico como la minería de criptomonedas. Es la primera vez que una causa penal vinculada al funcionamiento de una criptogranja por contaminación acústica avanza a juicio oral en Paraguay.
La Fiscalía sostiene que el acusado, en calidad de autor, permitió que la planta opere sin los controles necesarios, en una zona urbana, emitiendo ruidos perjudiciales a la salud sin respetar las normativas municipales ni ambientales. Los pobladores del barrio Santa Lucía, que presentaron la denuncia original, valoraron positivamente la decisión judicial.
El juicio oral y público se realizará ante el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial del Guairá en fecha aún a ser determinada.
