Penas hasta 5 años de cárcel en casos graves, multas hasta 500 jornales y remates de las propiedades, son algunas de las sanciones que la Fiscalía advirtió que pueden ser aplicadas a personas que no se hagan cargo de inmuebles donde se críen los mosquitos transmisores del dengue y chikungunya.
Como resultado de la reunión entre el ministerio de Salud, SENEPA, SEN y el Ministerio del Ambiente, el fiscal Adjunto Medioambiental, Augusto Salas anunció que establecieron un protocolo de actuación ante el aumento de casos por dichas enfermedades.
El plan dispone que se notificará a los dueños de propiedades y que tendrán un plazo de 48 horas para eliminar los criaderos de mosquitos. Salas expresó que de ser necesario, la fiscalía realizará allanamientos y que los responsables recibirán sanciones.
Respecto a la ampliación de la denuncia que fue presentada el martes, indicó que lo que podría hacer el Ministerio Público es pedir informes a la ESSAP sobre la situación de los medidores sin tapa que son potenciales criaderos.
