El juez de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, levantó la aplicación de la tobillera electrónica respecto a la funcionaria judicial Antonia Galeano y mantuvo su arresto domiciliario en la causa que soporta por presuntamente solicitar dinero para «gestionar» medidas alternativas a favor de un procesado por tenencia de drogas.
La medida fue aplicada hace poco más de un mes, el 6 de mayo, con reglas de conducta como la prohibición de salir del país y de comunicarse con funcionarios del Juzgado de Garantías N° 1 de San Lorenzo, donde habrían ocurrido los hechos investigados.
Su abogado defensor, Alexis Pentiel, solicitó la revisión alegando que, debido a que la procesada fue suspendida en sus funciones sin goce de sueldo, se encuentra imposibilitada de seguir costeando los gastos de la tobillera por falta de otros medios de ingresos económicos.
El juez dispuso el levantamiento de la aplicación de la tobillera electrónica y resolvió mantener el arresto domiciliario junto a las demás reglas de conducta.
La funcionaria judicial Antonia Galeano fue imputada por la fiscal Yeimi Adle por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. De acuerdo con los antecedentes del caso, Galeano, quien se desempeñaba en la Sección Estadística de la circunscripción judicial de San Lorenzo, habría ofrecido intermediar ante funcionarios del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de esa ciudad con el objetivo de conseguir el arresto domiciliario con control de tobillera electrónica para un procesado por tenencia de sustancias estupefacientes.
Imputan a funcionaria judicial por presunto tráfico de influencias en San Lorenzo
