El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, confirmó la resolución que rechazó los pedidos de prescripción y sobreseimiento definitivo planteados por Julio César Martínez Isasi, conocido como el «rey de las estafas». Asimismo, la Cámara ratificó la revocación de la suspensión condicional del procedimiento que le había sido concedida previamente.
La defensa, bajo el patrocinio del Abg. Carlos Torres, había apelado el A.I. Nº 166 del 5 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado Penal de Ejecución de Sentencia N° 3 de la Capital. Dicha resolución no solo rechazó las salidas solicitadas por la defensa, sino que además remitió los antecedentes al Ministerio Público para investigar la presunta comisión del hecho punible de frustración a la persecución por desacato.
En su recurso, la defensa argumentó que el juez no era el natural de la causa (alegando falta de competencia territorial y material) y sostuvo que la causa, iniciada en 2015, se encontraba extinta por el transcurso del plazo de prescripción.
Al analizar el primer agravio, el camarista preopinante Jesús Riera Manzoni señaló que el juez de Ejecución Carlos Mendoza se encontraba interinando el Juzgado N° 3 en la fecha de la audiencia (3 de febrero de 2026). El magistrado destacó que ni el acusado ni su abogado se opusieron a la intervención del juez durante dicho acto, por lo que descartó el estudio de dicho reclamo.
Respecto a la prescripción, Riera Manzoni explicó que existieron diversas interrupciones del plazo (acta de imputación, citación a indagatoria y escrito de acusación), además de la propia suspensión condicional del procedimiento otorgada en la etapa preliminar, la cual suspendió el cómputo. Con ello, el plazo prescriptivo se extendió válidamente dentro del límite de diez años. Los camaristas Arnulfo Arias y Claudia Criscioni se adhirieron al voto del preopinante.
La causa se inició en 2015, cuando Martínez Isasi presuntamente vendió a Néstor Cardozo López un automóvil Mercedes Benz E320 CDI por G. 60 millones. A pesar de haber recibido el dinero, el acusado nunca entregó el vehículo ni realizó los trámites para concretar la operación, por lo que fue acusado por estafa.
En 2023 se le otorgó la suspensión condicional del procedimiento por un año bajo la obligación de reparar el daño mediante el pago de G. 30 millones, periodo de prueba que posteriormente fue ampliado.
