La Juez María Graciela Ocampos revocó el arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva de Alberto Segovia, imputado por supuesta violencia familiar y primer procesado en utilizar tobillera electrónica. El imputado deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Segovia Martínez, quien había sido beneficiado con arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, fue denunciado por Lorena Lomaqui, víctima del caso, por amenazas y actos de amedrentamiento ocurridos tras la imposición de las medidas alternativas. Según la denuncia, el imputado utilizó a terceros para hostigar a la denunciante, lo que generó un grave temor en la víctima y en su familia.
El Ministerio Público informó que estos nuevos hechos constituyen una obstrucción al proceso de investigación, ya que buscan influir en el testimonio de la denunciante, pieza clave en el caso. Además, el incumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario dejó en evidencia la insuficiencia de las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de la víctima y la integridad del proceso judicial.
La magistrada, en su resolución, citó el peligro de fuga y de obstrucción a los actos de investigación como las razones principales para revocar las medidas alternativas. Además, enfatizó la necesidad de proteger a la víctima tanto física como psicológicamente, considerando la naturaleza de los delitos imputados y los riesgos que conllevan.
Con esta decisión, Segovia Martínez deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía también ha solicitado el retiro del dispositivo electrónico que se le había aplicado.
No es importante mencionar que, días atrás, la Corte Suprema de Justicia informó que la implementación de los dispositivos electrónicos de control, conocidos como “tobilleras electrónicas”, se encuentra en su etapa inicial. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la supervisión judicial en cumplimiento de las Leyes N.º 5863/24 y N.º 7820/24, priorizando la protección de las víctimas y garantizando el respeto a los derechos de los procesados.
Asimismo, la Corte instó a todos los actores del sistema judicial a adherirse estrictamente a los protocolos que serán establecidos, subrayando la importancia de que estas herramientas tecnológicas cumplan con su propósito de proteger a la sociedad sin vulnerar garantías fundamentales. Por ese motivo, se ha solicitado a los magistrados aguardar la aprobación de los lineamientos correspondientes, de conformidad a lo establecido en las leyes mencionadas, para garantizar su correcta aplicación.
