El fiscal Diego Benítez expresó su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones de Pilar, que revocó la prisión preventiva del agente policial Richard Cáceres Ojeda, procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de robo agravado y reducción. La medida fue adoptada a pesar de la férrea oposición del Ministerio Público, que solicitó en reiteradas ocasiones que el imputado continúe privado de libertad.
Cáceres Ojeda es investigado en el marco de un asalto domiciliario ocurrido el pasado 27 de enero del 2025 en la ciudad de Alberdi, donde resultaron víctimas un matrimonio de adultos mayores, Juan Ernesto Vargas de 81 años y su esposa Justina Villalba. De acuerdo con los antecedentes del caso, el agente policial habría participado en el violento episodio, cuyas circunstancias todavía son objeto de análisis por parte de la Fiscalía.
Desde el inicio de la causa, el fiscal Benítez sostuvo que la prisión preventiva era la medida más adecuada en atención a la gravedad de los hechos imputados y al riesgo procesal que implicaría la libertad del encausado. En esa línea, el Juzgado Penal de Garantías de Alberdi ratificó en dos ocasiones la solicitud del Ministerio Público, considerando insuficientes las medidas sustitutivas propuestas por la defensa.
Sin embargo, tras una nueva revisión del caso, la Cámara de Apelaciones de Pilar resolvió revocar la decisión del juzgado de primera instancia, permitiendo así la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Esta resolución generó preocupación en el agente del Ministerio Público, dado que se trata de un caso donde la presunta participación de un funcionario policial agrava aún más la imputación.
El fiscal Benítez reiteró su postura crítica y advirtió sobre los peligros que puede representar la liberación del imputado para el normal desarrollo de la causa. “Nuestra posición fue clara y consistente desde un inicio: por la naturaleza del hecho y el rol del procesado, no corresponde aplicar medidas alternativas”, afirmó.
El Ministerio Público anunció que continuará con las diligencias investigativas y no descarta recurrir a otras instancias judiciales para revertir la medida adoptada por la Cámara.
