El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) prosiguió con el proceso de enjuiciamiento a la juez de paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro, investigada por presunto mal desempeño de funciones en el marco del caso conocido como la “mafia de los pagarés”, una causa que también tiene derivaciones en el ámbito penal.
Durante la audiencia desarrollada ante el órgano extrapoder, prestó declaración testimonial el director de Auditoría del Poder Judicial, Rodolfo Heyn, quien expuso sobre los resultados de las verificaciones realizadas en el juzgado a cargo de la magistrada. La auditoría de la Corte Suprema de Justicia había detectado irregularidades en la tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos basados en pagarés.
En el mismo proceso, el fiscal acusador Celso Ayala desistió de la declaración testimonial de Gabriela Nair Riquelme, exactuaria del juzgado, argumentando que sus manifestaciones ya constan en la carpeta investigativa incorporada al expediente.
La investigación conocida como “mafia de los pagarés” surgió tras denuncias sobre presuntas irregularidades en juzgados de paz, donde se habrían promovido juicios ejecutivos basados en pagarés con procedimientos cuestionados. Según las pesquisas, el esquema habría involucrado a jueces, actuarios, ujieres y abogados de empresas de cobranzas, quienes habrían impulsado procesos judiciales para obtener embargos salariales mediante actuaciones supuestamente contrarias a derecho.
En este contexto, la juez Analía Cibils fue imputada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, cargos vinculados a decisiones judiciales adoptadas en numerosos expedientes tramitados en su juzgado. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió previamente el desafuero de la magistrada para permitir su sometimiento al proceso penal y abrió además un juicio en su contra por presunto mal desempeño en funciones.
La causa forma parte de una investigación de mayor alcance que involucra a más de 60 personas entre magistrados, funcionarios judiciales y abogados, señalados por el Ministerio Público como presuntos participantes de un esquema que habría utilizado el sistema judicial para promover ejecuciones de deudas con procedimientos irregulares.
La audiencia ante el JEM continúa con la producción de pruebas testimoniales y documentales, tras lo cual el órgano deberá resolver si corresponde aplicar sanciones disciplinarias a la magistrada, independientemente del curso del proceso penal en su contra.
