El abogado Jorge Rolón Luna habló con PDS Radio acerca de la ejecución de tres miembros del grupo criminal Primeiro Comando Capital (PCC) y comentó que el sicariato es una parte del fenómeno de la existencia de grupos criminales ligados al narcotráfico. Agregó que hay muy poco estudiado con respecto al funcionamiento de estos grupos en Latinoamérica y la relación entre los mismos y el Estado.
“A partir de ahí es pertinente tener un marco teórico para entender esto. Se debe tener en cuenta el funcionamiento del Estado con relación a los grupos criminales, entonces lo que ocurre en la cárcel hay que leerlo en clave haciendo esa relación en todos los ámbitos”
Es así que se podría llegar a decir que los grupos criminales tienen cierto “control territorial”, sin embargo, desde la perspectiva del abogado, lo que ocurre es que fracciones del Estado, en gran medida, son funcionales a los negocios ilegales y siempre bajo la batuta del Estado; el Estado no pierde el control y, por ende, permite, regula, lucra y medra de los negocios ilegales que son a su vez funcionales para la existencia del sistema político.
“No olvidemos que el exministro de Justicia hoy es Senador ¿Cómo obtuvo el dinero para su campaña? El negocio de las ilegalidades, está dirigido por el Estado, por los distintos gobiernos que se suceden y los distintos personajes que ocupan lugares clave, la cárcel es uno de ellos. Es un ámbito de recaudación de larga data, ahí están los permisos, las habilitaciones y las libertades que tienen los grupos criminales”
Señaló que los grupos criminales se mueven con libertad no porque hayan controlado o dominado los territorios, sino que suspenden la ejecución de la norma jurídica, la vigencia del derecho a su favor, para realizar actos que son funcionales a su negocio y a la resolución de los conflictos dentro de sus negocios y estos asesinatos son parte de los mecanismos de resolución de los conflictos en el interior de los grupos criminales, como el PCC.
Mencionó que estas “libertades” han sido compradas por quien tiene el monopolio de la fuerza y ejercicio del orden jurídico, el Estado, a través de los directores, ministros de justicia, viceministros, jefes de seguridad y de los guardias, en ese orden. Estos actores venden la suspensión del derecho y el no ejercicio de sus facultades de control interno.
“Es una relación conflictiva, complicada. El Estado tampoco tiene todos los medios para ejercer un control genuino y digno de un Estado de derecho, entonces recurre a la hiperviolencia”
Respecto a lo manifestado por el Diputado Antonio Buzarquis, quien está presentado un proyecto de modificación de los artículos 242 y 245 del Código Procesal Penal con relación a la prisión preventiva, el abogado manifestó que esto ya había ocurrido en los años 2004 y 2011 y tuvo como resultado que se cuadruplicó la población penitenciaria en nuestro país.
“Fue tan desastroso eso que se tuvo que volver a la redacción original del 245. Es la estupidez de hacer algo que ya se hizo, no hay peor estupidez que cometer los mismos errores y tropezar con la misma piedra. Se va a volver al modelo que rigió hasta hace un par de años y que no tuvo ningún tipo de incidencia en hacer nuestra sociedad más segura”
Lo planteado por el Diputado Buzarquis es quitar la discrecionalidad a los jueces penales de garantías con relación a cuándo puede o no enviar a una persona a la prisión, sino que directamente las personas que cometen un crimen o que ya cuenten con antecedentes, necesariamente deben cumplir con la prisión preventiva. Sobre ello, el abogado asegura que el planteamiento es inconstitucional, ya que no se puede adelantar el castigo bajo ningún sentido, además de que se estaría connotando la lentitud del Poder Judicial, convalidando lo que deberían ser juicios más cortos donde se obtengan sentencias condenatorias o absolutorias un plazo más corto.
Además de ello, el Diputado había hecho alusión a que deberíamos tener como ejemplo a lo que lleva a cabo el Presidente de la República del Salvador Nayib Bukele y que todos los delincuentes reincidentes deben estar privados de libertad; sostuvo también que se debe invertir más dinero en la construcción de nuevas cárceles de seguridad en el Chaco.
“Buzarquis no entiende nada del funcionamiento del sistema penal, no tiene idea de lo que está haciendo Bukele en El Salvador y no tiene idea de cuáles son los requerimientos necesarios para un Bukelismo. Este modelo refiere manos libres para la fuerza de seguridad y manos atadas de los jueces, entonces nadie cuestiona nada a las fuerzas de seguridad, los jueces no impugnan nada”
Rolón Luna, agregó que en nuestro país han existido casos de actuación policial en delitos gravísimos en las últimas semanas, como por ejemplo el de un efectivo que descuartizó a su pareja embarazada, también hubo un policía asesinado mientras este asaltaba un comercio y uno que participó del sicariato de un exmilitar retirado suizo; estos tres eventos ocurrieron en menos de 15 días y a ellos se suman otros delitos cometidos por los mismos policías.
“A esta policía él (Buzarquis) le quiere dar manos libres, evidentemente este señor no sabe en qué país vive, no tiene idea del país en el que está”
