Tras la reciente destitución de Miguel Prieto del cargo de intendente de Ciudad del Este, la Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación presentada por su defensa y destrabó la causa por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
Con este fallo, el juez Humberto Otazú podrá volver a citar a Prieto para la audiencia preliminar. La causa guarda relación con el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables, en el marco de la pandemia de la COVID-19.
En la audiencia preliminar, el juzgado deberá resolver si Prieto y los demás acusados van o no a juicio. Según la acusación, Prieto habría encabezado un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, que derivó en un perjuicio patrimonial para la institución de G. 2.130.036.160.
