La Sala Penal de la Corte confirmó a los camaristas que intervienen en el proceso contra tres personas sindicadas de estafar a colonos menonitas de San Pedro por unos USD 1.600.000, mediante la venta de tierras inexistentes del Indert.
La recusación fue presentada por el Abg. Efraín Lozano, quien ejerce la defensa de Ilse Paredes contra los camaristas Fernando Benitez Franco, Silvana Inés Otazú Cambiano y María Noelia Viana Coronel, integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de San Pedro, alegando una falta de garantías en esa jurisdicción, puesto que el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, “actuó como órgano de persecución y no de control” y al ser de la misma “estructura corporativa local” los camaristas, existe el «temor fundado» de parcialidad.
La ministra Carolina Llanes, preopinante, subrayó que la causal invocada carece de fundamentación y principalmente de elementos probatorios que la sustenten. Consideró que las causales invocadas solo guardan directa relación a una disconformidad del justiciable con respecto a cuestiones netamente procesales.
Al no quedar probadas ni acreditadas ninguna de las causales establecidas en el Art. 50 del C.P.P., votó por el rechazo de la recusación por improcedente, postura que compartieron los demás miembros, Luis M. Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
