La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por el abogado Walter Ramón Acosta, quien actuó en ejercicio de su propia defensa técnica, dentro de la causa abierta en su contra por presuntos hechos punibles de coacción y otros delitos.
El recurso había sido interpuesto contra el A.I. Nº 22, dictado el 09 de febrero del 2026 por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Dicho tribunal había declarado previamente inadmisible una apelación general planteada por el propio procesado contra una providencia emitida por el juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva Vera.
Según el análisis realizado por la Sala Penal, el recurso de casación fue presentado dentro del plazo legal previsto por el Código Procesal Penal. No obstante, el máximo tribunal concluyó que la resolución impugnada no reúne las condiciones necesarias para ser revisada mediante esta vía extraordinaria.
Los ministros señalaron que, conforme al art. 477 del Código Procesal Penal, la casación únicamente procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena, o denieguen beneficios relacionados con su extinción, conmutación o suspensión. En este caso, la resolución cuestionada no produce tales efectos jurídicos.
En consecuencia, la Corte resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación y ordenar la remisión del expediente al órgano jurisdiccional competente, aclarando además que la tramitación del proceso no puede suspenderse por la presentación de este recurso u otros vinculados al mismo.
La causa había sido elevada previamente a juicio oral y público por disposición del Juzgado Penal de Garantías Nº 2, que dispuso la apertura del proceso para el juzgamiento de los hechos atribuidos al acusado.
El fiscal Edgar Torales Gamarra de Yguazú había presentado acusación contra el abogado Walter Acosta por los supuestos hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia, tras un violento incidente ocurrido durante un procedimiento de fiscalización en la estación de servicios San Miguel, en el distrito de Tavapy. La causa fue elevada al Juzgado Penal de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
