La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera (presidente de sala), Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos, rechazó la apelación planteada por la defensora Margarita Martínez en contra del auto interlocutorio 989 del 17 de agosto del 2020, en la que buscaba la tutela jurisdiccional a favor de personas con enfermedades de base, discapacitadas y otros, específicamente de las Personas Privadas de de su Libertad (PPL) en la penitenciaría de Ciudad del Este y el Centro Penitenciario de Mujeres Juana María de Lara, promovida en el marco de la pandemia por covid 19,
La resolución refiere, no hacer lugar al pedido de tutela jurisdiccional general presentada por la defensora pública Margarita Martínez y en consecuencia rechazar el pedido de arresto domiciliario, postergación del cumplimiento de la pena, remisión de albergues de las PPL e instar a la defensoría pública que presente en forma independiente cada solicitud para su tramitación, análisis y otorgamiento posterior toda vez que sean reunidas los requisitos expresamente establecidos.
Ahora, la Sala penal declaró inadmisible el recurso de apelación general porque la recurrente no cumplió el requisito legal de realizar la presentación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de apelación fue presentado ante el Juzgado de Ejecución, que dijo que no era de su competencia dicho estudio, por lo que se elevó a un tribunal de Apelación y luego fue a parar en la Corte.
Finalmente, el recurso de apelación fue declarado inadmisible porque se ha presentado ante un órgano jurisdiccional incompetente y, además, se ha radicado fuera del plazo legal.
