La fiscal Rocío Celeste González de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Santa Rita presentó imputación contra dos hermanos por presuntos delitos ambientales consistentes en la tala de árboles y la quema de aproximadamente 40 hectáreas de bosque en la mencionada localidad. La imputación se basa en la Ley 716/96, que protege el medio ambiente.
La investigación se inició el 08 de octubre, tras la recepción de información sobre la posible comisión de delitos ambientales. El Ministerio Público, con autorización del Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Bernardo Silva, realizó un primer allanamiento el 27 de octubre, en compañía de técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA) y la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA) de la Fiscalía General del Estado.
En la inspección inicial, se constató el uso de maquinaria pesada para la limpieza de la vegetación, el destronque de árboles nativos y cortes realizados con motosierras. Los técnicos de la DEDA estimaron una afectación de 35 hectáreas, basándose en relevamientos fotográficos, georreferenciación y análisis de imágenes satelitales multitemporales. Ante estas irregularidades, la Fiscalía ordenó la suspensión de las actividades y prohibió el acceso al inmueble.
Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, tras recibir nuevas denuncias sobre la continuación del desmonte y la quema de restos vegetales, se realizó un segundo allanamiento, autorizado nuevamente por el Juzgado Penal de Garantías. Esta vez, la comitiva fiscal-policial corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de una nueva área desmontada de aproximadamente 5 hectáreas.
Según el informe policial, al percatarse de la presencia de las autoridades, los trabajadores abandonaron las maquinarias y campamentos, huyendo hacia el interior del bosque. Se incautaron cinco tractores de diferentes marcas y una motocicleta, que fueron trasladados al estacionamiento de la Junta Municipal de Santa Rita y puestos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado. La fiscal también ordenó el lacrado del portón de acceso a la propiedad y el resguardo permanente por parte del DEBOA.
De acuerdo con el sistema de catastro nacional y las verificaciones policiales, la propiedad pertenece a los dos imputados, uno de nacionalidad paraguaya y otro de nacionalidad brasileña. La Fiscalía considera que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de ambos en la tala y quema de las 40 hectáreas, lo que constituiría una violación del art. 4, inciso a) de la Ley 716/96, en concordancia con los artículos 4 y 29 del Código Penal.
Ante la complejidad del caso, la fiscal González solicitó un plazo de seis meses para la investigación, la notificación formal de la imputación, la fijación de una audiencia para escuchar a los imputados y la aplicación de medidas cautelares, incluyendo la posible prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos, la reiteración del desmonte tras la primera intervención y el riesgo de fuga de los acusados.
