A casi cinco meses de haber radicado una denuncia penal ante la Unidad 3 del Ministerio Público en San Estanislao, Gladys Larrea, funcionaria de Copaco, lamenta la falta de avances en la investigación sobre un presunto esquema de préstamos abusivos. La causa está a cargo del agente fiscal Walter Javier Melo Acosta, pero hasta la fecha no se ha informado sobre diligencias investigativas.
Larrea relató que en el año 2018 solicitó un préstamo de Gs. 2.000.000 al ciudadano Marcos Acosta López y que durante 26 meses pagó cuotas de Gs. 400.000, sumando un total de Gs. 10.400.000, es decir, más de cinco veces el monto originalmente prestado. Sin embargo, afirma que el prestamista volvió a embargarla judicialmente en el 2021 por Gs. 4.000.000 y más recientemente por Gs. 3.600.000, sin que se hayan saldado supuestas deudas vinculadas al mismo préstamo.
“Ya le pagué todo, pero igual volvió a embargarme dos veces más”, expresó Larrea, quien incluso recurrió a la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado para denunciar su caso y exponer la situación de aparente usura y acoso judicial.
La funcionaria presentó copias de su denuncia penal ante el Ministerio Público, pero denuncia que no ha recibido respuesta ni ha sido convocada por la Fiscalía desde el 11 de diciembre del 2024, cuando ingresó formalmente la causa. En paralelo, continúan los descuentos judiciales en su salario, afectando directamente su economía familiar.
Organizaciones civiles y legisladores que acompañan casos similares instan a que el Ministerio Público actúe con celeridad, considerando el perjuicio económico y psicológico que afecta a las víctimas de este tipo de prácticas.
