La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa y su abogado defensor, Guillermo Ferreiro, visitaron los estudios de PDS Radio para exponer en detalle los argumentos de la apelación presentada contra la sentencia que condenó a Roa en el marco de la querella promovida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
Durante la entrevista, ambos cuestionaron duramente la resolución judicial y sostuvieron que el fallo no solo afecta a Roa de manera individual, sino que podría tener implicancias más amplias sobre la libertad de expresión, el control ciudadano y el debate público en torno a causas de corrupción.
Ferreiro explicó que la defensa trabajó en la apelación desde el momento en que les fue entregada la sentencia y afirmó que el escrito fue elaborado durante varios días debido a la cantidad de puntos que consideran jurídicamente cuestionables. Según sostuvo, uno de los aspectos centrales del caso es que la condena se habría basado en una interpretación «peligrosa» respecto a la responsabilidad por compartir contenidos en redes sociales.
“El fallo establece que si una persona comparte una publicación ajena, pasa a ser responsable del contenido como si fuera propio”, expresó el abogado, quien comparó esa lógica con el funcionamiento habitual de plataformas digitales donde usuarios replican noticias, videos o comentarios emitidos originalmente por terceros.
Según el argumento del letrado, ese criterio contradice principios básicos del derecho penal, particularmente el principio de responsabilidad personal y, advirtió que, de sostenerse ese razonamiento, cualquier persona que comparta un contenido polémico podría ser responsabilizada penalmente aunque no haya producido el material. Le defensa sostuvo además que la causa debe analizarse dentro del contexto de una discusión de interés público relacionada con presuntos hechos de corrupción y el funcionamiento del sistema judicial.
En ese sentido, Ferreiro afirmó que existen estándares nacionales e internacionales, especialmente dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. que establecen mayores niveles de protección para expresiones vinculadas a asuntos públicos. Según explicó, para aplicar sanciones penales en este tipo de casos debe acreditarse la existencia de “real malicia”, es decir, una intención deliberada de difundir información falsa sabiendo que lo es, con el propósito de causar daño.
El abogado señaló que María Esther Roa nunca afirmó como verdadero el contenido del audio que compartió en redes sociales, sino que expresó dudas sobre su autenticidad y planteó la necesidad de investigar el caso. “Ella dijo expresamente que no sabía si el audio era auténtico o no, pero consideró que debía investigarse”, sostuvo Ferreiro durante la entrevista.
En otro momento, cuestionó que la magistrada haya interpretado precisamente esa aclaración como un elemento para sostener la existencia de dolo. “La sentencia concluye que, como ella dijo que no sabía si era verdadero, entonces no debió compartirlo y eso demostraría intención. Para nosotros, ese razonamiento no resiste análisis jurídico”, afirmó.
El abogado también cuestionó el tratamiento dado a las pericias técnicas sobre el audio. Indicó que durante el juicio se presentó una pericia privada incorporada como documental y sostuvo que el debate nunca logró determinar de manera concluyente si el audio era auténtico o manipulado.
Ferreiro afirmó que ni la querella ni la investigación avanzaron en identificar a la persona que habría creado originalmente el material audiovisual que luego circuló en redes sociales y aplicaciones de mensajería. “Acá no se investigó quién produjo el contenido, ni quién lo difundió inicialmente. El eje fue directamente responsabilizar a quien lo compartió”, manifestó.
Por su parte, María Esther Roa relató que recibió el audio a través de WhatsApp y sostuvo que el contenido ya circulaba ampliamente antes de que ella realizara la publicación que posteriormente motivó la querella. La activista vinculó el conflicto con el seguimiento que desde hace años realiza la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” sobre expedientes considerados emblemáticos.
Roa recordó que la causa principal estaba relacionada con el suegro de Guillermo Duarte Cacavelos y explicó que su organización realizó durante años controles, monitoreos y urgimientos sobre ese expediente. Según afirmó, desde el año 2018 presentaron más de un centenar de notas relacionadas con distintas causas de corrupción pública, entre ellas el caso mencionado.
La activista señaló que la causa terminó prescribiendo y sostuvo que eso generó indignación dentro de los sectores que impulsaban controles ciudadanos sobre el sistema judicial. “Lo que yo señalé fue que una causa de corrupción pública prescribió y que allí hubo una estrategia dilatoria”, expresó Roa.
Durante la entrevista, la activista defendió el contenido de sus publicaciones y afirmó que jamás acusó directamente a Duarte Cacavelos de haber cometido un hecho punible específico. También cuestionó varios aspectos de la querella presentada en su contra y sostuvo que, a su criterio, el escrito contenía expresiones ofensivas dirigidas hacia su persona. Roa afirmó además que el querellante no logró demostrar durante el juicio un perjuicio concreto derivado de la publicación cuestionada. “No se acreditó pérdida de trabajo, daño psicológico ni consecuencias concretas”, sostuvo.
Ferreiro, por su parte, argumentó que la propia querella terminó amplificando la difusión del contenido que supuestamente afectaba al querellante. “El tema adquirió mayor notoriedad justamente a partir de la querella y del juicio”, indicó. Otro de los puntos criticados por la defensa fue la orden judicial de retractación y eliminación de la publicación como regla de conducta.
Tanto Roa como Ferreiro sostuvieron que esa medida resulta incompatible con estándares de libertad de expresión y señalaron que el juicio ni siquiera determinó de manera definitiva la autenticidad del audio. La activista manifestó que no considera razonable pedir disculpas por compartir un contenido respecto del cual ella misma expresó dudas y pidió investigación. “¿Cómo puedo retractarme de algo que justamente pedí que sea investigado?”, cuestionó.
Durante la entrevista, Roa también dirigió fuertes críticas a la magistrada que dictó la condena y sostuvo que el país necesita jueces especializados en libertad de expresión y derechos vinculados a la comunicación pública. A su criterio, la resolución refleja una interpretación equivocada sobre el alcance del debate ciudadano en temas de corrupción y sobre el rol de las redes sociales en la circulación de información.
La activista cuestionó además que la sentencia hiciera referencia al término «cartel de la toga», utilizado habitualmente por ella en publicaciones relacionadas con el sistema judicial. Según explicó, esa expresión no estaba dirigida específicamente a Duarte Cacavelos, sino que hace referencia a estructuras de poder, tráfico de influencias y prácticas irregulares dentro del ámbito judicial.
Por su parte, el abogado Ferreiro acompañó el argumento de Roa y sostuvo que las expresiones genéricas, opiniones políticas o críticas amplias sobre sectores profesionales o institucionales forman parte del debate protegido en una democracia. Ejemplificó que, en el derecho penal existe una diferencia entre atribuir concretamente un delito a una persona y emitir opiniones o juicios de valor generales dentro del debate público.
En otro tramo de la entrevista, ambos insistieron en que el caso trasciende la situación personal de Roa y afecta directamente al ejercicio del control ciudadano sobre instituciones públicas. Ferreiro sostuvo que existe preocupación en sectores de la sociedad civil debido al posible “efecto inhibidor” que podría generar una condena de estas características. “El mensaje que puede instalarse es que quien denuncia, cuestiona o comparte información sobre temas sensibles puede terminar enfrentando un proceso penal”, afirmó.
Roa, por su parte, señaló que recibió mensajes de apoyo de ciudadanos del interior del país, activistas y referentes sociales que interpretaron la condena como una advertencia hacia quienes impulsan denuncias públicas. «Cuando una voz crítica es condenada, muchas personas sienten miedo de expresarse”, manifestó. La activista también vinculó el caso con lo que considera un problema estructural dentro del sistema de justicia: la prescripción de causas de corrupción pública.
Durante la entrevista, tanto ella como Ferreiro insistieron en que la discusión de fondo debería centrarse en las causas que prescriben y en las responsabilidades institucionales que ello implica. Ferreiro sostuvo que la discrecionalidad en el avance o paralización de expedientes judiciales genera preocupación y permite que determinadas investigaciones no prosperen.
En ese contexto, mencionó casos emblemáticos y afirmó que el trabajo de observatorios ciudadanos y organizaciones civiles genera incomodidad porque expone demoras y falta de avance en expedientes sensibles. La defensa espera ahora que el Tribunal de Apelación revise la sentencia y analice los agravios planteados contra el fallo condenatorio.
Tanto Roa como Ferreiro afirmaron que, de ser necesario, acudirán a instancias internacionales si consideran que se vulneraron garantías vinculadas a la libertad de expresión y al derecho a participar del debate público sobre asuntos de interés general.
