El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, por mayoría, archivar la causa seguida contra los camaristas Camilo Torres y Jesús Riera, quienes habían dictado la prescripción en el proceso que involucraba al ex titular del INDERT, Ignacio Luis Ortigoza Samudio.
La decisión se adoptó a propuesta del miembro Enrique Berni, quien sostuvo que existe una “contradicción lógica y jurídica” en considerar que la rebeldía de un procesado pueda suspender o interrumpir los plazos de prescripción. Bajo este criterio, la mayoría del órgano entendió que no correspondía avanzar con el enjuiciamiento de los magistrados.
El caso guarda relación con una investigación por supuesta tentativa de estafa en la venta de una parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, en el departamento de Amambay. En ese proceso, Ortigoza Samudio fue declarado en rebeldía y permaneció prófugo durante aproximadamente seis años, tras lo cual resultó sobreseído al declararse la prescripción de la acción penal.
En contraposición a la postura mayoritaria, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, votó en disidencia y cuestionó duramente la resolución. Calificó el fallo de los camaristas como “una afrenta al sistema de justicia” y sostuvo que la rebeldía constituye una circunstancia objetivamente insuperable que debe incidir en el cómputo de los plazos de prescripción.
Durante su intervención, Ramírez Candia afirmó que la decisión “premia la corrupción” y “consagra la impunidad”, al tiempo de considerar que los camaristas debían comparecer ante el órgano para explicar los fundamentos jurídicos de su resolución.
Asimismo, el ministro cuestionó la interpretación adoptada respecto a la prescripción, señalando que la normativa es clara en cuanto a sus efectos y poniendo en duda la viabilidad de procesos en rebeldía en el sistema jurídico paraguayo.
“No hay ninguna interpretación factible, es una norma muy clara. ¿Hay proceso en rebeldía en Paraguay? Me parece que no”, expresó.
