En la fecha debía de realizarse la audiencia preliminar de los ex ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Luís Rojas y Francisco de Vargas, acusados por lesión de confianza, pero finalmente fue suspendida, y el abogado defensor Mario Elizeche dijo que uno de los argumentos fue el pedido de un defensor público que tiene intervención en la causa, quien estaría con otra diligencia procesal en un caso de interés público.
Además de lo anterior, existe una apelación pendiente que podría llegar a causar algún tipo de afectación a esta audiencia si se realizaba antes de ser resuelta. Aseguró que el juez fijaría una nueva fecha para la audiencia, teniendo en cuenta su disponibilidad.
La defensa sostiene la hipótesis de que el Ministerio Público está totalmente equivocada, ya que no puede existir lesión de confianza cuando los equipos se trajeron y se utilizaron y se pagaron de la forma correspondiente de acuerdo a la ley de Contrataciones Públicas, lo que también fue verificado por la Contraloría General de la República en dos ocasiones.
“Para nosotros no hay ningún tipo de lesión de confianza. Si hay algún hecho punible en esta situación, es a partir de que la empresa que trajo los equipos no los declaró ante la Aduana”, afirmó el abogado.
El 29 de setiembre pasado, luego de dos años, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declaró inadmisible el recurso de casación de la defensa y destrabó la causa de los dos ex ministros, acusados por lesión de confianza en el marco de una causa por presunto perjuicio de G. 10.000 millones al Estado.
El 19 de junio del 2019, el Tribunal de Apelación, Segunda Sala había ratificado la resolución del juez penal de garantías José Agustín Delmás la reapertura de la causa para los ex ministros investigados por contrabando, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En el caso también están acusados: Jéssica Paola Reyes, Nicasio y Alfredo Bóveda, Alberto Ferreira, Adalberto Benítez, Hugo González y Silvio Amarilla.
El juez Delmás había admitido la acusación del fiscal Luis Piñanez el 4 de enero del 2019 en la causa abierta por la compra de equipos de sistema de rastreo sensitivo móvil (escuchas telefónicas), por parte de la SENAD.
Según consta en el escrito de imputación, el Ministerio Público inició la investigación, tras recibir una nota de la Subsecretaría de Estado de Tributación, remitida el 10 de junio del 2016 consistentes en una ampliación del informe de la nota emitida el 22 de marzo de ese año obrante en el expediente “Amado Rodríguez Acosta y otros sobre producción de documentos no auténticos”.
En dicho documento se reportan las tareas de investigación producto de una nota emitida por la Contraloría General de la República, en la cual relatan las nuevas irregularidades vinculadas a la investigación relacionada a rendiciones contables con facturas falsas, en este caso, la empresa denominada TELEVOX S.R.L.
La Subsecretaría de Estado de Tributación solicitó a la firma TELEVOX S.R.L., documentaciones contables, las cuales fueron presentadas y entre los comprobantes de egreso se verificó que solamente contaban con 24 proveedores, siendo todos ellos personas físicas.
El mencionado hecho resultó sospechoso, por lo que la SET procedió a realizar varias diligencias a fin de constatar la veracidad de las operaciones, de las cuales 15 contribuyentes negaron la transacción y otros ni siquiera gestionaron su inscripción para ser contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda, remitiendo así mismo la SET, las actas de entrevistas a la que fueron sometidas.
