El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Adriana Planás y Elsa García, y el juez Matías Garcete, suspendió el inicio del juicio del exintendente de Lambaré Armando Gómez y otros, debido a que Rodrigo Portillo Chirife, exjefe de Tesorería y candidato a concejal, presentó un reposo por cinco días. El colegiado ordenó que un médico forense examine su estado de salud.
Durante la audiencia, el abogado Pedro Florentín presentó una carta poder para asumir la representación de Portillo Chirife y adjuntó un certificado médico que prescribe cinco días de reposo.
Tras verificar que el documento cumplía con los requisitos exigidos por la normativa, el colegiado resolvió enviar a un médico forense hasta su domicilio para corroborar la dolencia alegada y determinar si realmente está impedido para comparecer.
En consecuencia, los magistrados fijaron una nueva fecha para el inicio del debate oral para el próximo lunes 29 de junio a las 08:00.
“Es una chicana más”
El Abg. Félix Arístides Duré, representante de la querella adhesiva, aseguró que se trata de una “chicana más para no llevarse a cabo el juicio” por parte de Rodrigo Portillo, quien en las últimas elecciones internas logró posicionarse como candidato a concejal de la ciudad por el PLRA. “¡Imagínese! Un acusado por anulación de comprobantes de ingreso de contribuyentes lambareños, sigue en carrera política para ocupar un cargo, nada más y nada menos que de concejal municipal”, exclamó.
Afirmó que una vez que inicie el juzgamiento lograrán demostrar cómo funcionaba este esquema y esperan poder recuperar algo de los fondos sustraídos o llegar a una condena ejemplar “para que otros que estén en el cargo no cometan más estos hechos punibles en detrimento del pueblo lambareño”.
Armando Gómez está acusado junto con Roberto Paredes, Rodrigo Portillo Chirife, Édgar Iván Villalba y Ricardo Ricciardi por presuntamente integrar un esquema destinado a desviar fondos de la Municipalidad de Lambaré mediante la anulación de facturas, retención de depósitos en Tesorería y remisión tardía de fondos a entidades bancarias.
Según la acusación formulada por el fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la comuna lambareña se habrían anulado 6.390 facturas a través del sistema informático municipal, maniobra que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 9.317 millones. Este es el tercer intento de iniciar el juicio oral en la causa.
