En el marco del juicio oral y público a Justo Pastor Cardenas e hijos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero declaro la Lic. Alison Garay, perito del Laboratorio Forense, para el Ministerio Público, la misma expresó al tribunal los saldos negativos del ex titular del Indert, Justo Pastor Cárdenas Nunes, en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Conforme a su declaración, se ha constatado que Cárdenas, no contaba con los ingresos suficientes para poder justificar sus egresos en el año 2014 por valor de -GS. 365.645.482 (guaraníes trescientos sesenta y cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos), en el año 2015 por valor de -GS. 896.231.851 (guaraníes ochocientos noventa y seis millones doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y uno), en el año 2016 por valor de -GS. 375.513.923 (guaraníes trescientos setenta y cinco millones quinientos trece mil novecientos veintitrés) y en el año 2017 por valor de -GS. 251.147.633 (guaraníes doscientos cincuenta y un millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos treinta y tres).
Indican, que la perito ha confirmado al Tribunal de Sentencia, que Justo Pastor Cárdenas Nunes, no contaba con saldo acumulado para enfrentar los cuantiosos egresos (gastos e inversiones) que ha realizado durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
Por otra parte, la perito Alison Garay, declaró que Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, hijo del extitular del Indert, tiene un déficit en su patrimonio durante el periodo julio 2008 a julio de 2018, de -GS. 393.637.475, por lo que tiene un saldo negativo por egresos (gastos e inversiones) que no puede justificar.
Por otro lado, la perito mencionó, que María Alexandra Cárdenas Pappalardo, hija de Justo Cárdenas, tiene un déficit en su patrimonio, durante el período de julio de 2008 a julio de 2018 de –GS 178.710.544 (guaraníes ciento setenta y ocho millones setecientos diez mil quinientos cuarenta y cuatro). Es decir, tiene un saldo negativo por egresos (gastos e inversiones) que no puede justificar.
Mientras que el abogado, Óscar Germán Latorre, refirió que “las pruebas producidas determinan la disponibilidad financiera de mis defendidos para la compra de sus bienes, descarta la hipótesis del Ministerio Público”.
