El proyecto de ley presentado por el diputado Derlis Manuel Rodríguez Báez, que buscaba modificar artículos clave del Código Procesal Penal (Ley N° 1286/1998), que toca puntos sensibles como la inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación de causas, fue recientemente rechazado por el Senado, lo que ha reavivado la polémica sobre sus posibles consecuencias.
El proyecto de ley propone modificaciones a los artículos 6, 136 y 305 del Código Procesal Penal, lo que, según sus detractores, impactaría negativamente en los plazos procesales y el correcto desarrollo de la persecución penal.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, ha sido una de las voces más críticas. Advirtió que la reforma podría acarrear «consecuencias negativas» para los derechos tanto de los investigados como de las víctimas, así como para la eficacia del sistema judicial en su conjunto. Maidana alertó sobre la posibilidad de que la reforma facilite la «proliferación de incidentes procesales» que podrían resultar en extinciones y prescripciones de causas, favoreciendo la impunidad.
Durante una audiencia pública organizada para debatir el proyecto, representantes de diversos estamentos del sistema judicial paraguayo expresaron su preocupación. Jueces, miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía General del Estado y el Colegio de Abogados del Paraguay coincidieron en señalar que la modificación, tal como está planteada, podría ser utilizada para implementar «maniobras dilatorias» que obstaculizarían el juzgamiento de los responsables de delitos graves.
El rechazo del Senado significa que el proyecto de ley será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados, donde deberá ser reconsiderado. La discusión sobre el futuro de esta propuesta y su potencial impacto en la administración de justicia en nuestro país continúa generando gran expectativa en el sector legal y en la ciudadanía en general. La pregunta que se plantea es si esta reforma, en busca de agilizar los procesos, terminará por abrir la puerta a la impunidad y la dilación de la justicia.
