La senadora Esperanza Martínez conversó con PDS Radio-Tv Digital sobre el proyecto de ley de violencia política contra las mujeres, el cual debía ser tratado en la fecha, pero que fue postergado por 15 días, debido el referido proyecto fue colocado entre los últimos lugares y al quedarse sin cuórum en Senado ya no pudo ser tratado a pesar de tener dictamen favorable de 4 comisiones.
La legisladora espera que el proyecto sea tratado entre los primeros puntos del orden día dentro de 15 adías y de esa manera abrir un debate sobre el mismo, atendiendo a que con ello se construye la democracia, y que espera llegar a un consenso.
Consultada sobre si el proyecto de ley prevé sanciones y que hechos podrían ser considerados como violencia política, la senadora indicó que se plantea desde cuestiones leves, graves y gravísimas, citando como ejemplo la amenaza que sufrió la intendenta de Nueva Colombia con su pequeño hijo lactante, haciendo alusión de que hay situaciones que implican hechos punibles y otras que son de carácter conductual.
Resaltó que el proyecto brinda una visión multisectorial, en el sentido de que contempla algunas medidas que pueden ser tomadas desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la disciplina en el interior de los propios partidos, otras ante un juez de Paz para medidas de no repetición de la agresión o medidas de protección así como lo establece la ley N° 5777 de la protección integral de las mujeres.
El proyecto de ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, libres de todas las formas de discriminación y violencia, como acoso, violencia física, sicológica, sexual, patrimonial y económica, mediática, telemática, simbólica e institucional.
Respecto a la condena de su ex colega Óscar González Daher, mencionó que la condena es ejemplar y que representa un claro mensaje de llamada de atención a los fiscales, al Poder Judicial y a la ciudadanía en general respecto a que si se quiere se pueden tomar las medidas correctas.
Por otro lado cuestionó el hecho de que un diplomático de EE. UU. haya participado del juicio y que haya ido acompañado de la propia fiscal General del Estado y que restó valor la ingerencia por parte del gobierno americano, «que para mi criterio nos pone en ridículo, tuvo que estar él para que se dicte condena», expresó.
