Este 24 de diciembre se dio la sentencia condenatoria del exagente fiscal Florencio Pereira, quien fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de lesión de confianza en perjuicio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La acusación fue sostenida por los agentes fiscales Silvio Corbeta y Luz Guerrero, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal del exfuncionario en hechos vinculados a irregularidades detectadas en proyectos de provisión de agua potable financiados por el ente agrario. El Tribunal de Sentencia resolvió imponer a Pereira una pena de tres años de prisión, mientras que su esposa, Miriam Nancy Giménez de Pereira, fue condenada a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, por su participación en los hechos investigados.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, la causa se originó a partir de una investigación fiscal sobre sobrefacturación en obras de abastecimiento de agua potable ejecutadas en comunidades de los departamentos de San Pedro y Caaguazú, durante la administración del entonces presidente del INDERT, Justo Cárdenas. La imputación formulada en su momento derivó en la destitución de Florencio Pereira del cargo que ejercía como agente fiscal.
El Ministerio Público sostuvo que Miriam Nancy Giménez de Pereira, en su carácter de presidenta de la organización Desde Abajo hacia el Desarrollo Íntegro Social (DADIS), solicitó el 15 de abril del año 2015 al INDERT el financiamiento de proyectos para la provisión de agua potable en comunidades del distrito de Santa Rosa del Aguaray. El monto aprobado ascendió a Gs. 1.532.590.052, desembolsado en dos pagos iguales.
La investigación fiscal determinó que, si bien las obras fueron ejecutadas, no se ajustaron a las especificaciones técnicas previstas en los proyectos aprobados, lo que generó un perjuicio patrimonial al Estado. En base a estos elementos, el tribunal concluyó que se configuró el delito de lesión de confianza, atribuyendo responsabilidad penal a los acusados.
Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó la importancia del control sobre el uso de fondos públicos y la persecución de hechos que afectan al patrimonio estatal, especialmente en proyectos destinados a comunidades vulnerables.
