Algunos de los casos emblemáticos que se desarrollan ante el Poder Judicial son el del expresidente del Indert Justo
Cárdenas, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía probó que el exalto funcionario no pudo justificar un patrimonio de G.4.113 millones.
Su defensa presentó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hasta hoy sigue sin resolverse. Otro caso es el de Luis Ortigoza Samudio, también expresidente del Indert, quien tenía orden de captura desde 2019.
Ortigoza permaneció prófugo durante años, tras ser imputado por lesión de confianza en la compra irregular de 5.743 hectáreas de tierras en Cordillera a la firma San
Se burlan de la ciudania
Agustín. Fue detenido el pasado 3 de julio, pero hasta ahora se dilata el inicio de su audiencia preliminar. Igualmente figura el del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, quien acumula múltiples condenas firmes, pero continúa en libertad. Ya no le queda recurso válido para anular sus sentencias, sin embargo, su ingreso a prisión sigue sin concretarse.
La lista no puede cerrarse sin antes mencionar al matrimonio Díaz Verón-Morínigo. La absolución que habían obtenido fue anulada por el Tribunal de Apelación, que ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público. No obstante, el proceso permanece paralizado, como si el tiempo se hubiese detenido para la pareja.
