Por la prescripción del hecho, la Juez de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, resolvió el sobreseimiento definitivo del exdiputado Carlos Portillo (PLRA), quien queda desvinculado de la causa que se le siguió por supuesto tráfico de influencias.
El exlegislador fue procesado por presuntamente participar en un pedido de 3.000 dólares para conseguir una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de CDE. El dinero había sido solicitado a la contadora Auda Fleitas, investigada por presunta estafa, para que la misma sea beneficiada.
Según el fallo, se dio tanto la prescripción material (3 años) como la prescripción por el doble del plazo (6 años). Según Garcete, el último acto que interrumpió el conteo de la prescripción material se dio con la resolución que elevó el caso a juicio, que fue en fecha 09 de septiembre del 2020, del cual pasaron 3 años, 9 meses y 23 días, según el cálculo.
Respecto al doble del plazo, se toma la terminación de la conducta de Portillo, en este caso la fecha es septiembre del 2017. En este aspecto, la causa prescribió en septiembre del 2023. La Fiscal Luz Guerrero solicitó el rechazo ya que la misma sostiene que la pena es de cinco años y no de tres años, como refiere la magistrada.
Cabe mencionar que, en el mes de noviembre del año 2018 la Fiscal Liliana Alzaraz presentó acusación formal contra Carlos Portillo por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias y pidió la elevación a juicio oral. Las primeras trabas en la causa tuvieron inicio en razón de la audiencia preliminar, cuando la magistrada Garcete dejó al Ministerio Público sin la posibilidad de usar las pericias realizadas al celular del exlegislador. Esto fue recurrido ante la alzada y se dejó sin efecto la decisión de la Juez.
Posteriormente, entre los meses de junio y septiembre del año 2020, Garcete citó en tres ocasiones a las partes para la realización de la audiencia preliminar, sin embargo, todas fueron suspendidas por pedido de la defensa de Portillo y de la coprocesada Lucía Escobar. Ya en fecha 09 de septiembre del año 2020, Garcete elevó la causa a juicio oral, pero excluyó como pruebas los audios resultantes de la pericia realizada. Esto nuevamente fue apelado por la entonces fiscal Alcaraz, quien solicitó la inclusión de los audios.
Tras una serie de excusaciones y recusaciones de la alzada, en mayo del año 2022 los camaristas confirmaron la decisión de Garcete, sin embargo, la defensa del exlegislador planteó dos recursos contra la decisión del Tribunal de Apelaciones, uno de reconsideración, el cual fue rechazado por la alzada y se remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el segundo recurso fue presentado ante la máxima instancia judicial. La defensa había presentado una excepción de inconstitucionalidad contra la decisión que confirmó la resolución de Garcete, lo que motivó que el expediente quedara paralizado hasta su estudio por parte de la Corte.
