El Fiscal General del Estado (FGE) Emiliano Rolón, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa teniendo en cuenta los diversos acontecimientos dados en los últimos días, como la denuncia del exmandatario Horacio Cartes, los documentos remitidos por Estados Unidos y las declaraciones del Diputado ANR Cartista Yamil Esgaib, entre otros.
Refirió que, en un Estado democrático, social, de derecho y republicano hay un sujeto esencial y es el ciudadano. Ante la consulta sobre las declaraciones realizadas por el Diputado Yamil Esgaib, quien mencionaba que podrían quitarle el cargo de FGE en cualquier momento, haciendo referencia a las investigaciones llevadas a cabo en torno al expresidente Horacio Cartes, Rolón comentó que, si se trata de una potestad de un órgano del Poder Legislativo, naturalmente el juicio político es una herramienta para, justamente, dar respuesta a situaciones que se pueden presentar.
“Eso significa que tendrá que haber un motivo, un proceso y finalmente un sistema de solución política al tema. Creo que no tiene esa dimensión la simple expresión de una persona que, a la vez, de alguna manera, es contrastado por los grupos corporativos de la Cámara respectiva, asique simplemente se convierte en una expresión de deseo o hasta una bravuconada que no tiene que ver con el manejo correcto de las instituciones. Afortunadamente a lo largo de casi cinco meses de gestión, la misma es aprobada por la ciudadanía” manifestó. Además de ello, negó haber recibido algún tipo de amenaza directa contra su persona por parte de algún grupo político.
Señaló que el motivo del llamamiento a la conferencia de prensa es justamente no dar cabida a que “el fuego se expanda”. Es importante recalcar que en muchos casos el Ministerio Público depende del poder político, teniendo en cuenta que, en muchos casos, parlamentarios estuvieron detrás de la salida de algunos agentes fiscales que podían “estorbar”. Es así que el FGE comentó que a veces la aceptación de una situación de hechos y no formular una defensa correcta ante ello, proporciona fundamentos para que eso se agrave.
“Debemos ser conscientes de que la República la construimos entre todos y hoy, nadie tiene por sí solo la solución de un problema. El sistema de división de poderes, la fragmentación efectiva que se instaló a través de la Constitución Nacional de 1992 exige este tipo de defensa y actitudes. El Poder Legislativo tiene lo suyo, el Poder Ejecutivo también y el sistema de justicia tienen la tarea de definir los conflictos; es tan importante que la Fiscalía no se sienta en brazos de ninguna institución ni personas, sino que simplemente instale su mecanismo correcto de persecución penal y efectuar las otras misiones independientemente de quién las traiga” agregó.
Con relación a la denuncia realizada por el exmandatario Horacio Cartes sobre una supuesta persecución política en su contra, agregó que cualquier ciudadano que conozca la consumación de un hecho penalmente relevante tiene la obligación de denunciarlo y las autoridades deben investigar. La circunstancia de que no haya pronunciamiento de las autoridades al día siguiente de realizada la denuncia es una demostración de que el ente realiza las investigaciones con objetividad, ya que debe conformarse un equipo de trabajo.
“Cuando yo di la información de que hay algunos documentos ya recibidos de parte de los Estados Unidos, no di ningún mensaje de que la información sea positiva o negativa, solamente evidencias a evaluar. Una vez que tengamos conclusiones, las respuestas serán conforme a las evidencias, las demás conclusiones son imples especulaciones” afirmó el Fiscal General. Agregó que desde el año 2018 el Ministerio Público tiene 280.000 casos y gran parte de ellos, por dificultades en todo orden, los agentes o pueden cumplir con el trabajo. Asegura que no existe selectividad.
Sobre el caso Sebastián Marset comentó que el “Operativo A Ultranza Py” tiene connotaciones diversas; hay varios procesos independiente so dependientes del caso principal, por lo que las connotaciones están siendo atendidas con premura.
Mencionó además que el estudio de algunas unidades específicas a las que se les solicitó con premura informes sobre sus expedientes “cajoneados” hay casos que quedaron varados en el tiempo y esos expedientes están siendo priorizados, pero hay una imposibilidad por déficit de personal, técnico y de logística, lo que los obliga a ir separando los que son más urgentes, como por ejemplo el caso metrobús.
“Necesitamos priorizar porque no tenemos forma de responder a todas las inquietudes y denuncias. Fíjense que según estudios que realizamos en números, así como estamos hoy en el Ministerio Público, y lo digo con pesar y absoluta franqueza, solamente podemos atender el 30% de los casos, estamos mal” afirmó.
Sobre la solicitud de auditoría en el caso Mocipar por presunta inacción por parte de los agentes fiscales, señaló que hay varias imputaciones y probablemente haya más denuncias; dijo que probablemente las causas puedan acumularse y es algo que se debe discutir, sin embargo, aún no se han reunido con los afectados. Afirmó que no hay una “inacción” debido a que al día de hoy ya existen varias imputaciones, las cuales han llegado luego de muchos años.
