El Tribunal de Sentencias de Crimen Organizado, presidido por Federico Rojas e integrado por las juezas María Luz Martínez y Dina Marchuk, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de prisión, identificado como coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del caso STATUS, que expuso una red de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said sustentaron la acusación que derivó en penas ejemplares para los principales responsables, considerados parte de una estructura criminal asociada al Clan García Morínigo en Pedro Juan Caballero.
Asimismo, fueron condenados Víctor Javier Paredes Valenzuela a 14 años, señalado como testaferro encargado de constituir sociedades de fachada; Juan Darío Echagüe González a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover capitales; Luis Alberto Benítez Escobar a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
Además de las penas de prisión, el tribunal dispuso el comiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos, entre ellos 8 vehículos y 17 inmuebles, valuados en cientos de miles de dólares. También se incautaron 10.000 reales, 55.150 dólares y Gs. 4.705.000 en efectivo, junto a aparatos electrónicos, todos bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (SENABICO).
Para los investigadores, este resultado representa un precedente clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Paraguay, ya que desnuda el esquema financiero que permite la permanencia de estos grupos. “Se envía un mensaje claro: las estructuras de lavado serán perseguidas con la misma fuerza que los traficantes de drogas”, destacaron desde el Ministerio Público tras conocerse la sentencia.
