La audiencia preliminar para seis directivos y exdirectivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, acusados por un presunto perjuicio patrimonial superior a Gs. 2.808.195.680, fue suspendida a pedido de varias defensas y del Ministerio Público.
La diligencia estaba prevista de realizarse ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, quien resolvió reprogramar la audiencia para los días 13 y 14 de abril, a fin de que todas las partes puedan participar del acto procesal. La suspensión se produjo luego de que dos de los acusados solicitaran la postergación de la audiencia.
Según explicó el abogado Pedro Benítez, representante de jubilados de la entidad previsional, uno de los procesados no pudo presentarse debido a la ausencia de su abogado defensor, mientras que otro se encuentra con problemas de salud. A su vez, la fiscal Patricia Sánchez también solicitó la suspensión debido a que debía participar en otro juicio oral programado para la misma jornada.
En paralelo al desarrollo de la audiencia, un grupo de jubilados municipales se movilizó frente a la sede del juzgado, manifestando su interés en el avance del proceso judicial relacionado con la administración de la caja jubilatoria.
De acuerdo con lo señalado por la representación de los jubilados, el caso se centra en supuestos pagos irregulares en concepto de remuneraciones y bonificaciones percibidas por miembros del directorio. La acusación fiscal sostiene que estas percepciones habrían generado un perjuicio económico para la institución previsional.
El abogado Benítez señaló que, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público, los montos cuestionados incluirían remuneraciones y beneficios que, según la investigación, habrían sido fijados mediante resoluciones del directorio que estarían en conflicto con disposiciones legales y presupuestarias vigentes.
La defensa de los jubilados manifestó su expectativa de que el proceso avance hacia la etapa de juicio oral, instancia en la que se debatirá la legalidad de los pagos realizados y las eventuales responsabilidades de los acusados. El juez Otazú deberá analizar en la audiencia preliminar si la causa reúne los requisitos para elevarse a juicio oral.
