Se suspendió la audiencia de imposición de medidas del Intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras personas imputadas por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de la segunda causa contra el jefe comunal. Esto ante dos recursos que están pendiente de resolución en la Corte respecto a la competencia o no del juez en esta causa. Son recursos de casación y de inconstitucionalidad.
En el caso, la Fiscalía atribuye a los procesados haber formado parte de un esquema encabezado por Prieto, que desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño. El perjuicio ocasionad sería de Gs. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Al respecto, el Intendente Miguel Prieto señaló que se considera inocente de todos los cargos al igual que los demás procesados y que se encuentra completamente seguro de que el trabajo realizado junto a los funcionarios fue llevado a cabo sin infringir las leyes, ya que cuentan con toda la documentación respaldatoria con relación a la compra de insumos para los alimentos de las canastas entregadas en época de la pandemia del Covid – 19.
“Este juicio lo vamos a ganar; es ilógico que una persona con 39 denuncias en su contra pueda salir tranquilamente por la calle sin ser escrachado, en vez de eso, la gente me abraza y me felicita y eso quiere decir que algo estamos haciendo bien nosotros, no puedo decir lo mismo de la oposición o la Fiscalía” agregó el jefe comunal respecto a la otra causa conocida como «Tía Chela»
Adelantó que solicitarán que el juicio oral y público sea realizado en Ciudad del Este, ya que considera que eso sería lo lógico teniendo en cuenta que su domicilio procesal está allá, además de que los supuestos hechos por los que se lo acusa se habrían cometido allí, por lo que no entiende cuál es el motivo de hacerlo viajar todas las semanas hasta Asunción, además de que sería imposible traer a los 75.000 testigos hasta la capital del país para el desarrollo de la audiencia oral, lo cual significa un gran desgaste sobretodo económico para las personas procesadas y los testigos.
