La audiencia preliminar en la causa que involucra al exjuez de paz Víctor Nilo Rodríguez Acosta y a otras diez personas por supuestos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos se inició este lunes, aunque con suspensiones parciales para algunos de los procesados.
El caso, conocido como «mafia de los pagarés» está vinculado a presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos, especialmente por la aparente “doble ejecución de deudas” instrumentadas mediante pagarés.
De acuerdo con los antecedentes, la investigación también alcanza a exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del SNPP, quienes habrían suscrito contratos con empresas de crédito “sin contar con la potestad para ello”, lo que habría derivado en compromisos financieros irregulares para los asociados.
Durante la jornada, el juzgado dispuso la suspensión de la audiencia preliminar respecto a Blas Emilio Mora Jiménez, Arnaldo Rafael Maciel Riveros, el exmagistrado Rodríguez Acosta e Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg. En el caso de esta última, la medida obedeció a que se encuentra en trámite un proceso de insania, mientras que para los demás imputados la suspensión se dio por la reciente designación de nuevos abogados defensores.
El juez Humberto Otazú anunció que remitirá un informe a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en atención a las circunstancias procesales registradas durante el inicio de la diligencia, particularmente en lo relacionado con los cambios de defensa técnica.
Pese a estas suspensiones, la audiencia preliminar continuó para los demás acusados presentes, avanzando con el análisis de los elementos presentados por el Ministerio Público en esta etapa procesal. Por su parte, la agente fiscal Karina Caballero se ratificó “íntegramente en la acusación”, sosteniendo que existen suficientes indicios para elevar la causa a juicio oral y público.
Según la hipótesis fiscal, los integrantes de la Comisión Directiva del periodo 2019-2022 del SNPP habrían incurrido en “apropiación indebida y desvío de fondos”, mediante la retención de descuentos salariales que debían destinarse al pago de créditos adquiridos por los funcionarios.
Asimismo, se investiga una presunta “administración irregular de cuotas sociales y del patrimonio institucional”, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en Gs. 5.541.026.492, conforme a los datos expuestos por la Fiscalía.
El proceso continuará con relación a los acusados presentes, mientras se resuelven las situaciones procesales pendientes de los imputados cuya audiencia fue suspendida.
