El Juez Raúl Florentín elevó a juicio oral y público la causa por lesión de confianza contra el extitular de la Dinac Edgar Melgarejo y otras 6 personas más, en el caso conocido como Tapabocas de Oro. Al respecto, el abogado Rodrigo Yódice manifestó a PDS Radio que hoy día, el Estado paraguayo no tiene ningún tipo de disminución, tracción o déficit en su patrimonio y esta causa tiene un costo que triplica al presunto monto del daño patrimonial que, en un contexto específico, el Ministerio Público pudo haber invocado con alguna razonabilidad.
“Es decir, el 27 de marzo del año 2020 se le pagó a la empresa Proyectos Global Gs. 119.960.000 para la adquisición de 4.000.000 masacrillas descartables a fin de que sean destinados a la Dinac, sin embargo, la empresa, posteriormente, restituye íntegramente esa cantidad de dinero y está depositado en la cuenta de un ente autónomo con patrimonio propio como lo es la Dinac y jamás rechazaron ese importe, es más, usó y hasta ahora dispone de esa suma de dinero” agregó.
Señaló además que la empresa adjudicada que proveyó los tapabocas, clara e inequívocamente, renunció a reclamar alguna cosa con relación a los bienes, por lo que no existe ningún tipo de perjuicio patrimonial. Según el abogado, se discutirá en un juicio oral y público acerca de un hecho punible que requiere un resultado concreto, actual, cuantificado y que revele efectivamente una posible disminución en el patrimonio del Estado, pero ese déficit no existe.
“Acá la realidad es que se está gastando mucho más en la sustanciación misma del proceso que el resultado del presunto perjuicio patrimonial invocado por el Ministerio Público. Esa es la verdad objetiva” comentó.
Mencionó que el Ministerio Público sostiene la tesis de que va a poder probar en el juicio oral que el perjuicio patrimonial es de Gs. 119.000.000 y, si bien es cierto que cuando se imputó en cuanto a los hechos que fueron objeto de indagatoria para todos los procesados, el perjuicio hipotéticamente sostenido era por ese monto, resulta que finalmente, en la segunda acusación planteada por la Fiscalía, que lleva la firma de la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, hay una variación sustancial y del monto mencionado que era el presunto perjuicio patrimonial primario, pasa a los más de Gs. 119.900.000.
“Eso pasó porque la tesis primaria era que se compró los tapabocas por un precio que estaba sobrevalorado; después pasaron a la segunda tesis de que no tenían que haber comprado los tapabocas porque no tenían especificaciones y no cumplían con los requisitos porque fueron descontinuados. Finalmente, salieron con que los tapabocas estaban vencidos” dijo el abogado.
Sobre el punto, refirió que ni el Presidente de la Dinac ni las personas que intervinieron en el proceso de compra son responsables de recibir los productos. Según el abogado Yódice, el encargado de recibir los productos fue el testigo estrella del Ministerio Público y es él quien deberá dar explicaciones a la misma Fiscalía del porqué no revisó si los tapabocas estaban o no en condiciones en cuanto a su vigencia para su uso.
Afirmó que esta causa está siendo llevada a tambor batiente violando todo tipo de disposiciones legales que hacen a la defensa en juicio y al debido proceso legal, violando principios de contradicción y congruencia, también el principio de legalidad teniendo en cuenta que no existe ningún perjuicio patrimonial que pueda ser cuantificado.