La comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Sonia Von Lepel, brindó a PDS Radio un extenso análisis sobre el rol de la institución, el estado de las comisarías y cárceles del país, así como los principales desafíos estructurales que enfrenta Paraguay en materia de prevención de la tortura, malos tratos y uso abusivo de la prisión preventiva.
Von Lepel explicó que el MNP es un órgano extrapoderado del Estado, con 12 años de vigencia institucional, creado a partir de la ratificación por parte de Paraguay de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas. Su mandato principal es prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mediante monitoreos sin previo aviso y con acceso irrestricto a información sobre personas privadas de libertad o bajo custodia estatal.
En ese sentido, subrayó que el ámbito de intervención del MNP va mucho más allá del sistema penitenciario. Incluye comisarías, centros de formación policial y militar, hospitales psiquiátricos, hogares de niños, adolescentes y adultos mayores, centros de desintoxicación, espacios migratorios e incluso el monitoreo preventivo durante manifestaciones públicas, donde puede existir riesgo de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.
Al referirse al informe sobre las comisarías del departamento Central, Von Lepel recordó que estas dependencias albergan a unas 11.000 personas al año y presentan condiciones “calamitosas”, lo que motivó la elaboración del documento como una forma de interpelar al Estado y exigir respuestas estructurales. Señaló que, si bien en general no existe resistencia a los monitoreos del MNP, persiste un gran desconocimiento sobre sus atribuciones, especialmente en el ámbito privado.
La comisionada también detalló la composición del MNP, que cuenta con seis comisionados nacionales, electos por un órgano selector integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Explicó que el organismo rinde cuentas anualmente ante la ciudadanía y el Congreso y que mantiene una relación permanente con el Comité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, al que Paraguay debe reportar periódicamente.
Uno de los pasajes más relevantes de la entrevista estuvo centrado en el sistema penitenciario. Von Lepel advirtió que Paraguay cuenta actualmente con alrededor de 20.000 personas privadas de libertad, sin que exista una correlación adecuada entre ingresos y egresos. Según datos del MNP, cada año ingresan cerca de 1.000 personas al sistema, pero solo egresan entre 300 y 400, lo que genera una sobrepoblación constante.
Atribuyó esta situación principalmente al abuso de la prisión preventiva, fenómeno que, según afirmó, no ha disminuido pese al discurso de una política penitenciaria más humanitaria. Remarcó que la prisión preventiva no puede ser utilizada como una sanción anticipada, sino únicamente para asegurar la sujeción al proceso y señaló que existe una fuerte presión social y cultural que asocia justicia con encierro.
En relación con las mujeres privadas de libertad, Von Lepel alertó sobre un crecimiento superior al 400% en las últimas dos décadas. Indicó que el 64% de las mujeres encarceladas lo están por microtráfico, lo que evidencia un impacto diferenciado de la política de drogas, especialmente de la Ley 1.340, sobre sectores vulnerables, marcados por la pobreza y la falta de oportunidades laborales.
La comisionada también expresó preocupación por los casos de personas que permanecen privadas de libertad pese a haber compurgado sus penas mínimas, muchas veces debido a descoordinaciones judiciales o procesos paralizados. Destacó que una gran parte de la población penitenciaria depende de la Defensa Pública, institución que, según dijo, se encuentra ampliamente sobrecargada, lo que pone en riesgo el derecho a una defensa efectiva.
Finalmente, Von Lepel cuestionó la ausencia de una política real de reinserción social, señalando que el Estado delega esa responsabilidad en las propias personas privadas de libertad. Criticó las condiciones laborales dentro de las cárceles, especialmente en el sistema de maquila, donde los internos perciben ingresos mínimos que no permiten una reinserción digna ni sostenible, lo que contribuye a altos índices de reincidencia.
