En el juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, junto al empresario Alberto Koube Ayala, varios testigos prestaron declaración confirmando la acusación presentada por el agente fiscal Silvio Corbeta por hechos punibles de cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
Las testigos, funcionarias de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la SEN, relataron ante el Tribunal de Sentencia que recibían instrucciones sobre qué empresas debían ser invitadas a los procesos de contratación. Según explicaron, las órdenes llegaban por notas, indicaciones verbales o recordatorios escritos remitidos por la señora María Elena Muñoz, de la Dirección de Administración y Finanzas.
De acuerdo con sus testimonios, todas las empresas señaladas estaban vinculadas a Alberto Koube Ayala. Las funcionarias también manifestaron que la secretaria de Muñoz retiraba los documentos relacionados con las licitaciones, confirmando el direccionamiento de los procesos hacia el Grupo Tapyracuai S.A. y otras sociedades relacionadas.
El Ministerio Público sostiene que durante la administración de Roa al frente de la SEN entre agosto del año 2013 y febrero del año 2022, se otorgaron beneficios indebidos a Koube Ayala a cambio de adjudicaciones directas o direccionadas a su grupo empresarial. La acusación fiscal refiere que Koube resultó beneficiado con al menos 11 licitaciones, por un monto aproximado de Gs. 16.080 millones provenientes del fondo de emergencia.
Asimismo, la investigación detalla que, en agosto del año 2018, Joaquín Roa recibió de Koube una embarcación marca Azimut AZ 42, valuada en aproximadamente USD 450.000, como contraprestación por los favorecimientos en los procesos de contratación. El juicio oral y público continúa con la comparecencia de nuevos testigos y la presentación de pruebas documentales que buscan acreditar los hechos acusados.
