Trabajadoras sexuales afirman que continúa la marginación y solicita condena ejemplar a policía

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Desde la Asociación de Mujeres Trabajadora Sexuales del Paraguay » Unidas por la Esperanza” (UNES), que aglutina a mujeres trabajadoras sexuales, se encuentran acompañando el juicio oral y Público suboficial de Policía, Abraham Casco Leiva, quien en el 2012 habría asesinado de ocho balazos a una mujer quien le exigía el pago de sus servicios sexuales. 

Buenaventura Cabañas, representante de UNES, manifestó su preocupación ante los hechos de violencia contra las trabajadoras sexuales que se sienten discriminadas y ven desprotegidas ante ciertos atropellos a sus derechos. «Nos encontramos acompañando de cerca el juicio oral  contra un agente Policía que asesinó a una compañera, dejando huérfanos a sus hijos, tratamos de participar, pero no se nos permitió entrar a la sala de juicios, por una supuesta restricción, pero sí pudieron ingresar 10 camaradas del criminal que está siendo enjuiciado”.

Lamentó que el Gobierno no las proteja, atendiendo que las trabajadoras sexuales no tienen ninguna institución que la respalde o medidas legales a las que puedan recurrir.

Por otra parte, criticó las medidas restrictivas de la libertad de circulación y otras que, pretenden disminuir el contagio por Covid-19, nuevamente se agudiza el riesgo de violencia institucional ejercida por agentes de la policiales contra las trabajadoras sexuales quienes, sin un marco legal que reconozca su trabajo, están condenadas a la clandestinidad y la vulnerabilidad de sus derechos

 “Nuestros trabajos no da para restricciones y el estado no nos protege, no hay una política que nos ampare, por lo que debemos trabajar como todas las compañeras para poder sostener a nuestras familias”, finalizó Cabañas.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 17 de octubre del 2012, a las 23:00, frente al hotel San Roque. La víctima fatal fue Nancy Domínguez Sánchez, quien recibió siete impactos de proyectiles en el rostro y uno en la mano izquierda, disparados por Leiva con pistola 7,65 milímetros.

En un primer juicio, el uniformado fue condenado a 4 años y 6 meses, sin embargo la Cámara de Apelaciones anuló dicha decisión.