El Tribunal de Apelación de Alto Paraná, Primera Sala, resolvió autorizar un allanamiento en el distrito de Santa Fe del Paraná, tras hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos delitos contra el medio ambiente.
La decisión se produjo luego de que la agente fiscal Zunilda Ocampos apelara el rechazo inicial dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, que mediante el A.I. Nº 170, del 17 de febrero del 2026, había denegado la solicitud de ingreso al inmueble investigado.
La Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz y Alba Angelina Meza Ávalos, resolvió por mayoría revocar la decisión del juzgado de primera instancia y declarar admisible el recurso fiscal, habilitando la diligencia solicitada. Por su parte, el Dr. Raúl Insaurralde emitió voto en disidencia.
La investigación se vincula a un supuesto hecho punible contra el medio ambiente, previsto en la Ley 716/96 de Delitos contra el Medio Ambiente, relacionado con presuntas intervenciones dentro de la reserva natural Pikyry, área protegida administrada por Itaipú Binacional. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, en la zona se habrían realizado acciones de gran magnitud, entre ellas la eliminación total de la cobertura vegetal, la remoción del suelo y la apertura de caminos internos dentro del área protegida.
Al analizar el caso, el Tribunal de Apelación concluyó que la solicitud presentada por el Ministerio Público cumplía con los requisitos previstos en el Código Procesal Penal, particularmente en lo establecido en el art. 187, así como con las garantías constitucionales relacionadas con el control judicial de las diligencias de investigación.
Los camaristas destacaron que el pedido fiscal incluía la individualización precisa del inmueble mediante coordenadas geográficas, además de la descripción del lugar y de las diligencias que se pretendían realizar, lo que permitió considerar suficientemente fundamentada la solicitud.
En consecuencia, la Cámara resolvió autorizar el allanamiento de manera limitada al inmueble identificado, con el objetivo de posibilitar la verificación de los hechos denunciados y la eventual recolección de evidencias relacionadas con el presunto daño ambiental. Finalmente, el Tribunal dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen, a fin de continuar con las diligencias investigativas correspondientes dentro del proceso penal.
