El juicio oral y público por un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 1.199 millones a la Municipalidad de Valenzuela se inició esta mañana, contra la intendente Mirtha Elizabeth Fernández Yegros y otros siete acusados, en un proceso que analiza supuestas irregularidades en pagos por obras públicas entre los años 2015 y 2020.
El caso es investigado por la fiscal Luz Guerrero, mientras que el Tribunal de Sentencia está integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Según la acusación, la jefa comunal, en su calidad de ordenadora de gastos, habría autorizado pagos mediante cheques emitidos desde cuentas municipales de Royalties y FONACIDE por obras que, presuntamente, no se ejecutaron conforme a los contratos. Los documentos se libraron, en varios casos, a nombre de personas ajenas a las empresas adjudicadas, lo que habría derivado en un perjuicio patrimonial total de Gs. 1.199.305.432, conforme a los análisis técnicos incorporados en la investigación.
El Ministerio Público sostiene que el entonces tesorero Cristhian David Flecha Fernández habría participado en la autorización de pagos y firmado documentos que permitieron las erogaciones cuestionadas. También están acusados Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, Sergio Ariel Flecha Fernández, Verónica Acosta Cantero y Elvis Balbuena, quienes, según la hipótesis fiscal, habrían colaborado en distintos niveles en el cobro y justificación de los cheques.
Durante la jornada, la defensa de la intendente, encabezada por el abogado Nelson Núñez, solicitó el aplazamiento del juicio para realizar una nueva pericia técnica sobre las obras, con el objetivo de determinar la cuantía real del perjuicio y discutir la competencia del Tribunal de Delitos Económicos. La fiscalía se opuso al pedido y requirió la continuidad del debate.
Tras deliberar, el Tribunal rechazó el aplazamiento al considerar que los hechos investigados y el monto del supuesto perjuicio ya se encuentran delimitados en el auto de apertura a juicio, por lo que no corresponde suspender el proceso en esta etapa. Con esta decisión, el juicio continúa con la producción de pruebas y la comparecencia de las partes, en un proceso que busca determinar la responsabilidad penal de los acusados en los hechos investigados.
