Ante la negativa de la Fiscalía de otorgar acceso a información y participación en la carpeta fiscal abierta por el crimen del exfiscal Marcelo Pecci, hermanos del mismo presentaron un recurso ante un juzgado.
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de la familia Pecci solicitó al Juzgado de Garantías de turno una autorización judicial para que el Ministerio Público otorgue información y respaldo documental del avance de la investigación abierta respecto al magnicidio ocurrido en fecha 10 de mayo del año 2022.
El abogado refiere que no existe un avance concreto que pueda señalar cuál es la línea de acción o cuál es la teoría del caso que tiene en mente la Fiscalía sobre la base de los elementos colectados después de dos años del hecho. Recuerda que la Constitución Nacional menciona en el art. 17 inciso 10 establece que el sumario en ningún caso será secreto; explicó que no solicitan la intervención como parte, sino que piden intervenir y participar en calidad de víctima.
En el escrito, solicitan información sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso; cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo ya investigado, qué se pretende conocer respecto a las diligencias pendientes; 4) cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades. También el tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permita sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso y contar con un respaldo documental de lo actuado por la fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información.
Los antecedentes de esta presentación guardan relación con la denegación de acceso a la información y participación en representación de la víctima en la carpeta fiscal abierta por la máxima autoridad del Ministerio Público; al respecto, en fecha 28 de junio del año 2024 se efectuó una presentación ante la Unidad Fiscal a cargo del Fiscal Christian Ortiz, encargado del despacho del equipo de trabajo dispuesto por la Fiscalía General del Estado con otros agentes fiscales, a los efectos de intervenir en la presente causa en la calidad invocada. Dicha presentación se realizó en nombre y representación de Francisco Luis Pecci Albertini y Gabriela Pecci Albertini.
Posteriormente, en fecha 16 de julio del año 2024, se formuló urgimiento sobre la solicitud preliminar, requiriendo se dicte resolución fiscal con base en el artículo 55 del Código Procesal Penal (CPP) invocando, además, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que hace referencia a la información que debe ser brindada a la víctima. Sin embargo, el pasado 31 de julio, se notificó acerca de la Resolución N° 16 del 29 de julio del 2024, mediante la cual, los agentes fiscales Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Francisco Cabrera resolvieron rechazarla intervención procesal presentada por Kronawetter sobre la base de que, la calidad de víctima se encuentra representada por la señora Claudia Aguilera, viuda de Marcelo Pecci.
A esto, le agrega que los agentes fiscales de igual forma reconocen el concepto amplio e inclusivo de la víctima refiriendo que “…las consecuencias producidas por un hecho punible no se limitan a la capacidad de ejercer un derecho procesal, sino que abarcan además a una necesidad afectiva y emocional. En ese orden de cosas, esta Fiscalía considera que los familiares aquí representados tienen el derecho a ser informados, proponer diligencias, contribuir con la investigación y realizar aportes que consideren pertinente, siempre que dichas acciones no afecten las investigaciones ni derechos de otros sujetos procesales” según el escrito.
Por este motivo, resulta al abogado le resulta sumamente contradictoria la decisión adoptada mediante la referida resolución fiscal de rechazar el acceso a la información peticionada por sus mandantes, cuando previamente refieren “reconocer” que este enfoque amplio e inclusivo no se limita a las víctimas de delitos, sino que también incluye a aquellas que sufren daños en diferentes contextos, a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y, sobre todo, el apoyo social, así como de la institución encargada de promover la acción penal y de velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, que expresamente invocaron y solicitaron.
