A pedido del Fiscal Leonardi Guerrero, el juez Humberto Otazú desestimó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que se presentó contra el entonces funcionario de Aduanas Alcides Ramón Brizuela, quien según publicaciones periodísticas del 2017 construyó una residencia y también montó un negocio de venta de neumáticos en época en que cobraba salario mínimo. Según el fallo, existe correspondencia razonable y positiva entre los ingresos y egresos del mismo.
La investigación, que se inició de oficio en 2017 tras publicaciones periodísticas sobre un supuesto desequilibrio entre sus ingresos y su patrimonio, concluyó sin encontrar indicios suficientes para sostener la acusación. Según el dictamen del Ministerio Público, respaldado por informes de la Contraloría General de la República (CGR), existe una correspondencia razonable entre los ingresos y los bienes declarados por Brizuela Pereira.
El Fiscal Leonardi Guerrero, quien solicitó la desestimación del caso, explicó que tras analizar las declaraciones juradas y realizar diligencias investigativas, no se encontraron pruebas de un incremento patrimonial injustificado. «El análisis patrimonial arroja un saldo positivo y sustentable, lo que indica que no hay desproporción entre los ingresos y egresos del investigado», señala el informe fiscal.
El Juzgado acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó el archivo del expediente, al no existir elementos que justifiquen la continuidad del proceso penal. La decisión fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para su registro oficial. Con esta resolución, Alcides Ramón Brizuela Pereira queda libre de cargos tras una investigación que se expandió por más de siete años.
