El juicio oral seguido contra Juan Ignacio Marcilio por la presunta comisión del hecho punible de contaminación del aire mediante emisión de ruidos dañinos tuvo una nueva jornada marcada por incidentes vinculados a la defensa técnica del acusado, en un contexto en el que el Ministerio Público mantiene su pedido de la pena máxima de 10 años de prisión.
Durante la audiencia, el eje del debate giró en torno a un nuevo cambio de abogados por parte del procesado, situación que ya había provocado anteriormente la suspensión del juicio. La Fiscalía cuestionó esta conducta y sostuvo que los reiterados reemplazos de defensores, sumados a las solicitudes de aplazamiento presentadas en momentos cercanos a las audiencias, podrían encuadrarse como maniobras dilatorias.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia que se tenga por no justificada la incomparecencia de algunos profesionales que contaban con poder suficiente para intervenir en la causa, e incluso planteó que dicha conducta sea considerada como abandono de la defensa, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.
Asimismo, requirió que se analice la eventual aplicación de sanciones disciplinarias a los abogados involucrados, con base en base la acordada de la Corte Suprema de Justicia que regula inconductas en el proceso penal.
El Tribunal, presidido por el magistrado Heber Patrocinio Chamorro, examinó la situación procesal recordando que el acusado había otorgado poder a varios abogados, aunque no todos cumplieron con los requisitos formales para ser reconocidos como defensores en la causa. En ese contexto, se advirtió que existían profesionales habilitados que pudieron intervenir, lo que debilitaba los argumentos para justificar nuevas suspensiones.
El juez Chamorro dirigió una advertencia directa al acusado, señalando que no puede permanecer sin defensa técnica y que el proceso no puede verse indefinidamente postergado por decisiones vinculadas a la designación de abogados. El magistrado enfatizó la necesidad de garantizar el desarrollo del juicio dentro de un plazo razonable, en equilibrio con el derecho a la defensa.
Ante esta situación, Juan Ignacio Marcilio presentó a un nuevo abogado defensor, quien solicitó la suspensión de la audiencia a fin de interiorizarse plenamente de la causa y acceder a las copias del expediente. El Tribunal accedió parcialmente al pedido, reconociendo la intervención del nuevo profesional, pero limitando el alcance de la postergación.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia, presidido por Heber Chamorro e integrado por Ricardo Gómez y Cristhian Giménez, resolvió fijar la continuación del juicio oral para el jueves 23 de abril a las 07:30 horas, otorgando un plazo considerado suficiente para que la nueva defensa se prepare, al tiempo de evitar mayores dilaciones en el proceso.
El caso continúa bajo análisis del Tribunal, con la expectativa de avanzar en la producción de pruebas y alegatos, en una causa que ha estado marcada por reiterados incidentes procesales relacionados con la estrategia defensiva.
El proceso se originó a partir de denuncias de vecinos del barrio Santa Lucía de Villarrica, quienes señalaron presuntos efectos negativos derivados del funcionamiento de una instalación dedicada a la minería de criptomonedas, ubicada a escasa distancia de viviendas familiares.
Los denunciantes sostienen que durante varios meses la planta habría generado niveles elevados de ruido continuo provenientes de procesadores, extractores y sistemas de ventilación. Entre los afectados se encuentran familias con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y personas con antecedentes de afecciones psiquiátricas, quienes atribuyen al ruido constante efectos perjudiciales para su bienestar y su calidad de vida.
La instalación pertenece a la empresa Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de la firma internacional Bitfarms, dedicada a la minería de criptomonedas y con cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la planta habría consumido más de 201 millones de kilovatios hora (kWh) entre julio y diciembre del 2024, cifra equivalente al consumo anual de más de 47.000 hogares.
