El juicio oral y público para Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, acusados por presunta estafa en el marco del caso Mocipar, fue nuevamente aplazado por decisión del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario García, Celia Salinas y Sonia Sánchez.
La suspensión se produjo luego de que el Ministerio Público y la defensa informaran al tribunal sobre conversaciones orientadas a alcanzar un posible acuerdo con la denunciante, lo que eventualmente podría derivar en una salida procesal alternativa. Durante la audiencia, el presidente del Tribunal explicó que, tras deliberar con los demás miembros, se resolvió posponer el inicio del juicio y disponer la notificación formal de la víctima para garantizar su comparecencia en la próxima convocatoria.
El magistrado señaló que en el auto de apertura a juicio consta un domicilio específico de la denunciante, por lo que el tribunal procederá a remitir una cédula de citación conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Asimismo, indicó que la decisión se adoptó atendiendo al pedido de postergación formulado por el Ministerio Público, a las manifestaciones de la defensa sobre las tratativas en curso y también a criterios de economía procesal.
“Vamos a posponer el inicio de este juicio oral y público”, expresó el titular del colegiado, al tiempo de adelantar que la nueva fecha será fijada próximamente y comunicada a todas las partes.
El presidente del Tribunal precisó además que la suspensión no superará una semana, argumentando que existe una obligación legal de llevar adelante el juicio oral y público. “Este tribunal está obligado a llevar a cabo un juicio oral y público”, remarcó el magistrado, aclarando que hasta el momento no existe un incidente formal planteado respecto a una eventual extinción de la acción penal por acuerdo entre las partes.
En ese sentido, sostuvo que, mientras no exista una solicitud concreta formalizada conforme a derecho, el Tribunal únicamente puede disponer la suspensión temporal del inicio del debate oral.
Durante la audiencia, la fiscal Patricia Sánchez manifestó que existiría voluntad tanto de la víctima como de los acusados para arribar a un entendimiento, aunque señaló que resultaba indispensable escuchar personalmente a la denunciante y obtener su consentimiento expreso.
La representante del Ministerio Público explicó que la denunciante no cuenta con representación legal, motivo por el cual consideró especialmente importante su presencia en la audiencia antes de avanzar hacia cualquier salida procesal.
Por su parte, la defensa confirmó la intención de alcanzar un acuerdo y señaló que incluso se analiza la posibilidad de que el Ministerio Público prescinda de la acción penal y solicite el sobreseimiento definitivo de los acusados. El abogado defensor indicó que no se logró formalizar previamente el entendimiento debido a dificultades para ubicar a la víctima y concretar conversaciones previas.
La causa se originó a partir de la acusación presentada por la fiscal Patricia Sánchez, quien sostiene que Carmen Celeste Coronel Caballero habría abonado entre julio del 2011 y octubre del 2018 un total de Gs. 11.660.000 a Mocipar Propiedades SA. Según la acusación fiscal, los pagos fueron realizados dentro del programa denominado “Departamento Fácil”, mediante el cual la denunciante esperaba acceder a un inmueble ofrecido por la firma.
No obstante, conforme a la tesis del Ministerio Público, la víctima no recibió ninguno de los bienes prometidos, situación que derivó en la investigación penal por presunta estafa contra los acusados. El Tribunal informó finalmente que la nueva fecha de juicio será fijada dentro de los próximos días y que todas las partes serán debidamente notificadas para la reanudación del proceso.
