Un Tribunal de Apelación resolvió confirmar al juez Rodrigo Estigarribia al frente de una de las causas vinculadas al denominado esquema conocido como “mafia de los pagarés”, mientras que en paralelo se produjeron nuevas suspensiones de audiencias preliminares debido a cuestiones procesales y superposición de diligencias.
Inicialmente, el magistrado había convocado para tres jornadas consecutivas; ayer, hoy y mañana, la realización de audiencias preliminares para varios procesados, entre ellos los exujieres notificadores Nicolás Antúnez, Audrey Galeano y Alfredo René Benítez. Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que el juez había sido recusado por otros procesados en el mismo expediente, lo que obligó a suspender temporalmente la convocatoria.
Posteriormente, la Cámara de Apelación resolvió rechazar la recusación, ratificando a Estigarribia en la causa. No obstante, para ese momento la audiencia ya había sido desconvocada, debido a que el expediente aún no había retornado formalmente al juzgado.
En paralelo, el juez Humberto Otazú tenía prevista la realización de otra audiencia preliminar en un expediente relacionado con la misma investigación. En ese marco, el magistrado resolvió posponer la diligencia respecto a la actuaria Mariam Ortiz, también acusada en la causa, mientras que sí se inició la audiencia en relación con los procesados Carlos Neffa, Lucio Sosa y Juan Alberto Bogado, quienes fueron acusados junto con la exjuez de paz Nathalia Garcete. La diligencia también estaba prevista para otros funcionarios investigados, entre ellos los ujieres Edgar Ayala y Alfredo Samudio, así como el actuario Pablo Cabrera, pero finalmente fue suspendida en relación con ellos.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Audrey Galeano, explicó que la suspensión obedeció principalmente a la superposición de audiencias en distintos juzgados vinculados a la misma causa. Según señaló, la recusación previa contra el juez Estigarribia generó incertidumbre respecto a la vigencia de la convocatoria original, lo que derivó en la imposibilidad de continuar con la diligencia.
El letrado también mencionó que uno de los factores que complican el avance del proceso es la gran cantidad de procesados, cada uno con defensas y planteamientos distintos. A ello se suma una disposición del Tribunal de Apelación que establece que el juicio oral y público no podrá realizarse hasta que concluyan todas las audiencias preliminares relacionadas con la causa.
De acuerdo con Duarte Cacavelos, esa directriz apunta a que finalmente se realice una única audiencia preliminar general y posteriormente un solo juicio oral para todos los acusados, lo que podría contribuir a ordenar el proceso y evitar nuevas suspensiones.
