Una Cámara de Apelación Penal de Asunción confirmó al juez Humberto Otazú para llevar adelante la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de otros acusados por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia, que habría generado un perjuicio de G. 306.188.500.
El tribunal rechazó la recusación presentada por la acusada Cirle Alcaraz, quien pretendía apartar al magistrado alegando que este “insistió” en realizar la audiencia preliminar pese a una supuesta falta de competencia.
En el fallo, los camaristas sostienen que la recusación carece de fundamentos fácticos que la hagan sustentable y recordaron que la competencia del juez ya no se encuentra en discusión, puesto que ese punto fue cuestionado anteriormente en el mismo proceso por otros procesados, cuyo planteamiento fue rechazado por el juzgado e incluso confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esta decisión, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar y resolver si la causa irá o no a juicio.
