Un Tribunal de Apelaciones confirmó íntegramente la resolución que dispuso la apertura a juicio oral y público de la segunda causa penal seguida contra el exgobernador de Central, Hugo Javier Gonezález. La decisión se produjo luego de que la defensa impugnara el auto de apertura a juicio dictado en eseptiembre del año 2024.
Con esta resolución, queda firme el envío de la causa a juicio oral, proceso que ya fue programado por el Tribunal de Sentencia para el 03 de febrero del 2027, a las 08:00 horas. En este expediente, el exjefe departamental afronta acusaciones relacionadas con un supuesto esquema de desvío de fondos públicos que habría ocasionado un perjuicio superior a Gs. 18.300 millones.
La causa también involucra a Javier Marcelo Rojas Giménez. Según la acusación del Ministerio Público, presentada por el fiscal Silvio Corbeta y posteriormente sostenida por el fiscal interino Leonardi Guerrero, los hechos atribuidos a González Alegre fueron calificados provisoriamente como lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
La defensa de Hugo Javier, ejercida por el abogado Fausto Portillo Lugo, apeló específicamente el rechazo de un incidente de nulidad absoluta planteado durante la audiencia preliminar. El argumento central consistía en que la solicitud de prórroga extraordinaria presentada por el Ministerio Público habría sido promovida fuera de plazo, lo que, según la defensa, invalidaría los actos posteriores, incluida la acusación fiscal y la propia elevación de la causa a juicio oral.
Asimismo, sostuvo que el rechazo del incidente causaba un agravio irreparable al acusado, al someterlo a un juicio oral basado, a su criterio, en actuaciones procesales supuestamente irregulares. La defensa de Javier Marcelo Rojas también manifestó su adhesión al recurso.
Al analizar el planteamiento, el Tribunal recordó que, si bien el auto de apertura a juicio es generalmente irrecurrible, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia admite la revisión de incidentes resueltos dentro de esa resolución cuando se encuentran comprometidas garantías procesales.
No obstante, los camaristas concluyeron que el juez de garantías Rodrigo Estigarribia había fundamentado adecuadamente el rechazo del incidente de nulidad. En particular, señalaron que en el expediente constaba que la solicitud de prórroga extraordinaria fue presentada por el Ministerio Público el 03 de marzo del 2023 ante la Oficina de Atención Permanente, es decir, dentro del plazo legal previsto.
Además, destacaron que posteriormente el Tribunal de Apelación había otorgado dicha prórroga mediante el Auto Interlocutorio Nº 38 del 17 de marzo del 2023, fijando el 26 de septiembre de ese año como fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo.
Respecto a las supuestas irregularidades denunciadas en la recepción del pedido de prórroga, la Cámara recordó que un informe de auditoría analizó la situación y recomendó el archivo de la denuncia, concluyendo que, debido al sistema de tramitación vigente en ese momento, la presentación podía realizarse válidamente ante la Oficina de Atención Permanente.
Los integrantes del Tribunal consideraron que los agravios expuestos por la defensa no lograron desvirtuar los fundamentos de la resolución apelada ni evidenciaron vicios que justificaran su nulidad. Por ello, resolvieron admitir formalmente el recurso de apelación para su estudio, pero rechazar sus pretensiones y confirmar en todas sus partes el A.I. Nº 349 del 12 de septiembre del 2024, que admitió la acusación fiscal y ordenó la apertura a juicio oral y público.
La resolución mantiene además las medidas cautelares impuestas al exgobernador, consistentes en la obligación de comunicar cambios de domicilio, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la comparecencia mensual ante el juzgado.
González Alegre ya cuenta con una condena de 10 años de prisión, confirmada en segunda instancia, en otra causa relacionada con el presunto desvío de Gs. 5.105 millones correspondientes a fondos destinados a la emergencia sanitaria por COVID-19. Entretanto, este segundo proceso continuará su curso con miras al juicio oral previsto para febrero del 2027.
