El Tribunal de Apelación Penal de feria no hizo lugar a la recusación planteada contra la jueza penal de garantías N°1 de Central, María Elena Cañete, por parte de la defensa del gobernador de Central Hugo Javier González. Es en el caso de supuesta lesión de confianza y otros delitos.
Con dicha decisión la magistrada ya puede fijar la audiencia de imposición de medidas del gobernador y los otros 14 imputados en la causa, debido que hasta el momento se encuentra pendiente.
Los abogados de Hugo Javier González, habían recusado a la jueza Penal de Garantías María Elena Cañete, bajo el argumento que la magistrada rechazará el recurso de reposición planteado, como lo hizo en dos ocasiones presentados por otros imputados.
Los camaristas, Gustavo Santander, Andrea Vera y Agustín Lovera rechazaron la recusación de los abogados, Arturo Daniel y Andrés Casati, indicando, “la resolución N° 2251 del 17 de diciembre del 2021, en su oportunidad fue objeto de reposición con apelación en subsidio por los abogados Fausto Portill, Andrés Casati y Arturo Danierl, los mismos que hoy plantearon recusación con causa contra la jueza María Elena Cañete y en dicha oportunidad el AD quem resolvió primeramente por A.I N° 146 del 2 de diciembre del 2021, dar cumplimiento a la resolución N 844 del 18 de noviembre del 2020 de la CSJ, integración de jueces de garantías para la justicia especializada en materia de delitos económicos y crimen organizado. Por otra parte por A.I N° 138 del 29 de diciembre del 2021 confirmar la resolución N° 2255 y la providencia que le dio origen de la A-quo así como la providencia que dio origen resolución señalada, es decir, en este caso la cuestión quedo firme y con ella la competencia de la jueza en cuestión. Por otra parte el A.I. N° 169 del 18 de enero del 2022, no existe en autos, sólo el A.I N° 168 del 18 de enero del 2022 obrante a fs. 263 que resuelve el recurso de reposición interpuesto por el agente fiscal Diego Arzamendia contra la providencia de fecha 16 noviembre del 2021”.
“Surge pues así, que los argumentos y pruebas que acompañan los recurrentes resultan repetitivos sobre cuestionamientos ya resueltas, obstaculizando el avance del proceso en su fase inicial”, advirtiendo sobre el uso correcto del ejercicio del derecho.
Hugo Javier González y junto a otras personas fue imputado por el supuesto desvío de 1 millón de dólares que fueron transferidos a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para obras ya hechas según el Ministerio Público.
Los demás imputados son: Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación, Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG, Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), además del tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP, Lourdes Verónica Lezcano, secretaría general de la gobernación, Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas, Luis Eduardo Allende, ex tesoro.
Además, están Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación, el jefe del departamento de presupuesto Guido Rolando Portillo, Modesta Valiente Escobar, ex funcionaria de Administración y Finanzas.
