Una Cámara de Apelación ratificó las condenas de 10 años de prisión para el exgobernador de Central, Hugo Javier González y para su exjefe de gabinete, Miguel Robles. Ambos fueron hallados culpables del desvío de Gs. 5.105 millones de fondos COVID-19.
El Tribunal también confirmó las penas de Javier Marcelo Rojas, exdirector de Administración y Finanzas, a 2 años con suspensión; Luis Allende, extesorero de la Gobernación, a 2 años con suspensión; Lourdes Lezcano, ex secretaria General, a 2 años con suspensión; y Modesta Valiente Escobar, exfuncionaria de la Dirección General de Control y Evaluación, a 2 años con suspensión.
La resolución fue adoptada por los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, quienes analizaron los recursos de apelación especial presentados por las defensas de los distintos condenados contra la Sentencia Definitiva Nº 12 dictada el 04 de enero del 2025 por el Tribunal de Sentencia presidido por la juez Karina Jazmín Cáceres González e integrado por las magistradas Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel.
Según los antecedentes del caso, la acusación sostiene que en diciembre del año 2020, durante la gestión de González al frente de la Gobernación de Central, se autorizaron desembolsos millonarios a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), representada por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo.
Los fondos provenían de recursos aprobados para enfrentar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en el proceso judicial, los proyectos presentados por la fundación habrían sido de carácter genérico y carecían de detalles técnicos sobre las obras a ejecutar, tales como ubicación específica, cronogramas, presupuestos desglosados o planes de ejecución.
El tribunal de alzada analizó los agravios planteados por las defensas de los condenados, entre ellos los representantes de Miguel Ángel Robles, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, Modesta Valiente Escobar y Javier Marcelo Rojas Giménez.
Tras el estudio de los argumentos, los camaristas concluyeron que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia se ajustó a derecho y que durante el juicio se respetaron las garantías procesales de los acusados. En consecuencia, resolvieron confirmar la decisión en todos sus puntos, manteniendo las responsabilidades penales establecidas en el fallo original. La resolución también dispone las comunicaciones y registros correspondientes en el sistema judicial, quedando firme la decisión del tribunal de segunda instancia respecto a la condena.
