El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción confirmó la resolución del juez Penal de Garantías, José Agustín Delmás y ratificó imputación del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y sostiene que el derecho sobre la información del hecho punible consignado (cohecho pasivo agravado) se encuentra plenamente acreditado en el acta de imputación.
El 16 de agosto pasado, los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza imputaron al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado en grado de autoría, supuestamente por recibir dádivas del presunto narcotraficante Marcos Vinicius Espíndola, con quien estuvo en contacto desde julio del 2021 hasta febrero del 2022, según un informe pericial enviado desde Brasil.
Según el acta de imputación, desde aproximadamente julio del 2021 hasta febrero del 2022, Arnaldo Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, habría estado en contacto y comunicación con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien administraba y dirigía la empresa Black Eagle Group – Ombu S. A. Dichas firmas, en ese entonces, se habrían dedicado, a varias actividades comerciales, entre ellas, al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, sistema Flast Over blindaje de ruedas, alquiler de vehículos blindados, blindaje arquitectónico, venta de materiales de seguridad.
De la información obtenida a la fecha por el Ministerio Público y de las conversaciones mantenidas entre las personas señaladas, se infiere que la intención de Marcus Vinicius Espíndola, quien actualmente se encuentra detenido en Brasil por su presunta participación con el narcotráfico; era la de mantener un relacionamiento director y cercano con el ministro Giuzzio para posteriormente lograr ser proveedor del Estado.
Dicho contexto, se presume que la intención de Marcus Vinicius Espíndola, había sido la provisión de chalecos antibalas y de vehículos blindados al Ministerio del Interior y consecuentemente a la Policía Nacional, y con dicha finalidad, habría mantenido contacto cercano con Arnaldo Giuzzio y quien en pleno ejercicio de sus funciones propias como ministerio del Interior, habría aceptado el blindaje de un móvil de la Policía Nacional en concepto de “cortesía”, como así también el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para su uso personal – familiar para un viaje privado vacacional en Brasil.
Ambas “gentilezas” habrían sido cedido por las firmas Black Eagle Group – Ombu S. A, representada por Marcus Vinicius Espíndola.
