El Tribunal de la Apelación, Primera Sala, integrado por Gustavo Ocampos, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander confirmó la resolución del juez penal de garantías Rolando Duarte mediante el cual ordenó la reapertura de la causa y señaló fecha para que la fiscal Silvana Otazú presente su requerimiento conclusivo en relación al abogado Víctor Eduardo Denis Mario y los funcionarios del Poder Judicial Ronald Domínguez Sotelo, Vhalery Michel Vallory Duarte y Ever Alberto Villalba.
Los nombrados están imputados por acceso indebido a datos, alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“Esta magistratura sostiene que, los plazos que son concedidos deben ser prudenciales para la reunión de piezas, que como se ha mencionado anteriormente, puesto que las mismas ya debieron de estar previamente armadas e incorporadas para la presentación de un eventual escrito de acusación; así pues, tenemos que la consecuencia legal del sobreseimiento provisional es el cierre de la persecución penal hasta tanto los mencionados elementos de convicción señalados en el en el A.I. N» 129 de fecha 19 de febrero de 2021 permitan la continuación del procedimiento, debiendo el órgano acusador cumplir con la obligación legal de realizar la investigación con diligencia y prontitud de conformidad a las normas penales que nos rigen, sin que ello implique el otorgamiento de un nuevo plazo para realizar las diligencias solicitadas.
En el caso que nos ocupa, el A quo le ha otorgado al Ministerio Publico el plazo de un mes, que de por sí ya es excesivo, a fin de que la agente fiscal presente los actos de investigación colectados y en consecuencia formen parte del requerimiento conclusivo’ sostuvo el Colegiado.
Según la fiscalía, los nombrados habían ingresado cuatro expedientes por la vía electrónica, pero presuntamente por medio de manipulación, elegían los juzgados a los que iban a ser asignados los casos.
