El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, confirmó la resolución de la jueza Penal de Garantías María Elena Cañete, quien dispuso el arresto domiciliario del gobernador de Central, Hugo Javier González, en la causa de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
“Habiendo solicitado nuevamente la revisión de la medida de arresto domiciliario dictada como alternativa a la prisión preventiva, consentida por el imputado, le ha sido denegada por el A quo, produciendo su agravio, el hecho de no haberse pronunciada la magistrada sobre su pedido de “permiso para comparecer a la Gobernación en horarios de trabajo”.
Sobre el particular, la decisión de la misma de no hacer lugar a la aplicación de nuevas medidas que sustituyan al arresto, se corresponde con las disposiciones normativas que regulan el tratamiento de la incidencia, al haber considerado, la medida decretada, como medio de sujeción al proceso, más moderado, al de la prisión preventiva que, en su caso, indefectiblemente, debió haberlo cumplido en un establecimiento penitenciario”, dice el preopinante Arnulfo Arias.
En su momento, la jueza María Elena Cañete solo le quedó analizar el peligro de fuga y en conformidad con el art. 243 inciso tercero de la importancia del perjuicio causado y el enciso cuarto del comportamiento del imputado durante el procedimiento, se ha tomado la decisión del arresto domiciliario con el fin de asegurar que el procesado estará sujeto a las resultas del presente proceso.
Se debe tener en cuenta la importancia del perjuicio causado, el Ministerio Público le atribuye un monto bastante elevado de más o menos 5.100 millones y se ha trabado un embargo preventivo de 1.500 millones sobre un inmueble que ha presentado la defensa técnica. Así mismo se le ha prohibido que tenga contacto con los coprocesados como la prohibición de salida del país.
El gobernador Hugo Javier González y otras 15 personas fueron imputadas por el fiscal Rodrigo Estigarribia el pasado 1 de noviembre de 2021 por los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa por las presuntas «obras fantasmas» de la Gobernación de Central.
