El Tribunal de Apelación, Primera Sala de Central, integrado por los camaristas María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba y María Lourdes Cardozo, revocó la suspensión de la ejecución de la condena de 2 años al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, en el caso por usurpación de funciones públicas. Es decir que cuando la condena quede firme, el condenado deberá guardar reclusión. Por otro lado, confirmó la condena de 1 año para la exsecretaria general de la Municipalidad, Norma Gladys Ruiz Díaz.
“La mera alegación por parte del Tribunal de Sentencia de que estaban reunidos los presupuestos que toman viable su aplicación no es suficiente, toda vez que, salvo la cuantía d la pena, los datos evaluativos a considerar deben provenir de informes y resultado de estudios emanados de auxiliares multidisciplinarios específicos, con los que, ordinariamente, no se cuenta en el juicio, máxime considerando la imprevisibilidad de su resultado. En idéntica orfandad respiratoria, sobre la materia, se ha encontrado que el Tribunal de Sentencia que, prescindiendo de los datos aludidos, ha concedido la suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
Estas carencias conviccionales hacen que, a esta magistratura, se le dificulte la concertación armónica para confirmar los presupuestos que condiciona la viabilidad de este referido instituto penal, en referencia específica además de lo reglado por el artículo 44 inciso 2 del Código Penal.
Esta magistratura concluye que la resolución del 24 de agosto del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por Julio César López, Gladys Carolina Bernal y Juan Carlos Rocholl debe ser revocada en el punto referente a la concesión de la suspensión a prueba de otorgada al condenado Roberto Cárdenas.
El 24 de agosto del 2021, el Tribunal de Sentencia, integrado por Julio López, Juan Carlos Rocholl y Carolina Bernal, condenó a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas por usurpación de funciones públicas
Según el Ministerio Público, representado por Carina Sánchez, el acusado Roberto Cárdenas, tras renunciar a la intendencia, seguía firmando contratos para la previsión de almuerzo escolar, por lo que produjo un millonario perjuicio. La fiscal había pedido una condena de 2 años y seis meses de prisión para Cárdenas.
